A varios meses de haber concluido la revista vehicular del transporte público en Puebla, la modernización del servicio todavía no se refleja en las calles; aunque hubo operativos, retiro de permisos, reordenamiento de rutas y anuncios de renovación, los usuarios continúan abordando autobuses y microbuses con carrocerías deterioradas, unidades antiguas y deficiencias que hacen cuestionar los resultados de la estrategia de Movilidad y Transporte.
Un recorrido por distintos puntos de la capital poblana permite observar que los cambios son limitados: mientras algunas rutas ya incorporaron vehículos nuevos, en buena parte del transporte colectivo siguen predominando unidades que evidencian el desgaste de años de servicio, por lo que para los pasajeros la renovación anunciada todavía no representa una mejora sustancial.
La situación contrasta con los resultados reportados por la Secretaría de Movilidad y Transporte, que informó que actualmente existen 22,800 concesiones en regla y que más de 7,000 unidades han sido renovadas durante la actual administración, principalmente en 2026.
La legislación establece una antigüedad máxima de 10 años para las unidades que prestan el servicio urbano y de 12 años para el transporte rural, esto significa que algunos vehículos de modelos 2018 a 2022 pueden continuar circulando legalmente, siempre que hayan cumplido con la revista vehicular y las demás obligaciones establecidas.
Como parte de los operativos, el Movilidad retiró de circulación unidades con más de 20 años de antigüedad que operaban de manera irregular; sin embargo, la depuración del padrón no necesariamente se ha traducido en una renovación visible para los usuarios.
Entre los avances más notorios está la ruta Cree-Madero, que incorporó alrededor de 56 a 57 unidades nuevas y amplió sus recorridos, también comenzó un programa piloto para modificar los colores y la numeración de 10 rutas, con la intención de extender gradualmente esta identificación al resto del transporte público.
No obstante, estos cambios todavía son mínimos frente al universo de concesiones que operan en la entidad; la modernización continúa siendo uno de los principales pendientes del sistema, particularmente en aquellas rutas donde las unidades presentan mayor deterioro.
A este escenario se suma la resistencia de algunos concesionarios a cumplir con las disposiciones estatales; la titular de la Secretaría de Movilidad, Sílvia Tanús, reportó la presentación de 45 amparos relacionados con las medidas de modernización y el retiro de permisos, recursos legales que han complicado el avance de la estrategia.
Uno de los casos señalados es el de la ruta 44A, donde circulaban vehículos de entre 20 y 30 años de antigüedad y se determinó el abandono del derrotero; la autoridad estableció que los transportistas interesados en regresar deberán hacerlo con unidades modelo 2026, además de que se abrirá la posibilidad de otorgar nuevas concesiones.
Mientras el gobierno insiste en que la renovación debe ser una condición indispensable para mejorar el servicio, los concesionarios mantienen otra de sus principales exigencias: incrementar el costo del pasaje.
Actualmente, la tarifa del transporte público en Puebla es de 8.50 pesos, cantidad que permanece sin cambios desde octubre de 2019; los transportistas argumentan que los gastos de operación han aumentado considerablemente durante los últimos años, particularmente por el encarecimiento del combustible, las refacciones y el mantenimiento de las unidades.
La propia secretaria de Movilidad y Transporte confirmó que elabora un estudio técnico-económico para determinar si hay condiciones para modificar la tarifa. Entre los factores considerados están el incremento aproximado de 30 % en el precio del diésel, el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los aumentos al salario mínimo.
Aunque los transportistas han planteado anteriormente una tarifa de 10 pesos y actualmente existen pretensiones de elevarla a entre 12 y 15 pesos, todavía no hay una determinación oficial sobre cuánto podría costar el servicio ni cuándo se aplicaría un eventual ajuste.
Tanús Osorio ha sostenido que no se autorizará un incremento mientras los concesionarios no cumplan primero con la modernización de sus unidades; sin embargo, también ha reconocido que mantener congelada la tarifa representa dificultades para la operación del sistema.
De esta manera, el posible aumento permanece sobre la mesa, aunque condicionado al cumplimiento de los compromisos de renovación; el problema es que, desde la perspectiva de los usuarios, la exigencia de pagar más no está acompañada todavía de una mejora generalizada en el servicio.
La pregunta para los usuarios es inevitable: ¿por qué tendrían que pagar más por un transporte que todavía no demuestra haber mejorado?