PAN denuncia abandono, extorsiones y crisis de inseguridad en mercados municipales

El secretario general del PAN municipal, Manolo Herrera, denunció que los mercados municipales de Puebla atraviesan una crisis de abandono, inseguridad y extorsiones, que ha provocado el cierre de pequeños negocios y el desalojo de locales.

En rueda de prensa, el panista precisó que cerca de 15 % de los espacios comerciales se encuentran desocupados y acusó que el cobro de piso por parte del crimen organizado, así como la competencia desleal del ambulantaje, afectan la actividad económica de cientos de familias, y como ejemplo, mencionó que los mercados Ignacio Zaragoza, Héroes de Puebla y El Alto registran altos índices de locales vacíos.

Confirma dirigencia estatal interés de seis perfiles en coordinación del PAN

En otro orden de ideas, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Mario Riestra, informó que, hasta el momento, Genoveva Huerta, Ana Teresa Aranda, Pili Vargas Morán, Fátima Hernández, Jorge Morales y Ricardo Galli le han reiterado su intención de participar en el proceso de selección de coordinadores de Defensa de la Patria, Familia y Libertad.

Aclaró que esto no significa que otros perfiles hayan desistido, sino que no ha tenido oportunidad de conversar recientemente con ellos; no obstante, aseguró que hay un buen ánimo entre los interesados y disposición para participar en el proceso interno del partido.

Riestra pide respetar debido proceso en sanción contra Eduardo Rivera

Asimismo, Riestra calificó como no definitiva la resolución que contempla 15 años de inhabilitación y una sanción económica de 15 millones de pesos contra el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y señaló que el caso debe abordarse desde una perspectiva técnica y no mediática, pues aún hay instancias para presentar pruebas, aclaraciones y elementos que permitan solventar las observaciones.

El dirigente estatal cuestionó que el trascendido sobre la resolución se diera apenas 14 horas antes del inicio del proceso electoral, al considerar que la coincidencia genera suspicacias y, aunque sostuvo que nadie debe estar por encima de la ley, pidió que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso, al comparar el caso con una presunta pérdida de 600 millones de pesos durante el gobierno Miguel Barbosa, sobre la cual, dijo, todavía no existe una resolución firme.