INEGI, de referente técnico a blanco de cuestionamientos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que durante décadas se consolidó como una de las principales referencias para conocer la realidad económica y social de México, enfrenta cuestionamientos por la interpretación de sus cifras, particularmente en materia de inseguridad pública y pobreza.

Aunque el organismo mantiene una estructura técnica especializada, algunos de sus resultados han abierto un debate sobre la comparabilidad de las mediciones y la distancia entre los indicadores oficiales y las condiciones que experimenta la población.

Uno de los ejemplos más recientes es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), cuyos resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026 ubicaron en 58.1 % la proporción de personas adultas que consideraron inseguro vivir en su ciudad; de acuerdo con los datos proporcionados, el indicador representó una disminución respecto al trimestre anterior y al mismo periodo de 2025, lo que fue presentado por autoridades federales como una señal favorable en materia de seguridad.

Sin embargo, la reducción nacional contrasta con los niveles registrados en distintas ciudades, según las cifras citadas, Irapuato alcanzó 90.5 % de percepción de inseguridad; Chilpancingo, 86.9 %; Mazatlán, 85.8 % y Puebla, 84.5 %, además, la percepción fue mayor entre las mujeres, con 64.2 %, frente al 50.6 % de los hombres.

Los resultados muestran que, aunque el promedio nacional disminuya, la inseguridad continúa siendo una preocupación extendida en diversas zonas urbanas; la población también reporta temor en espacios cotidianos, como cajeros automáticos, calles y transporte público. Por ello, el descenso del indicador no significa, por sí mismo, que los delitos hayan disminuido en la misma proporción, pues la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva son variables diferentes.

Otro de los temas que ha generado debate es la medición de la pobreza multidimensional; en sus resultados correspondientes a 2024, el INEGI reportó que 38.5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, equivalentes al 29.6 % de la población.

La cifra representó una reducción de alrededor de 13 millones de personas respecto a 2018 y fue presentada por el Gobierno federal como uno de los resultados favorables de la política social.

No obstante, el cambio en la medición institucional abrió interrogantes sobre la comparabilidad de los resultados; tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el INEGI asumió la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional, una tarea que requiere evaluar tanto los ingresos de los hogares como sus carencias sociales.

Entre los aspectos debatidos están los ajustes en los instrumentos de captación de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), así como la manera de registrar el acceso a servicios de salud y determinadas condiciones de vivienda.

Los cambios en las preguntas y categorías utilizadas pueden afectar la comparación con ejercicios anteriores, por lo que resulta indispensable conocer sus alcances y verificar si modifican la identificación de las carencias.

También se han planteado dudas sobre la consistencia entre el crecimiento de los ingresos que reportan los hogares en las encuestas y el comportamiento de otras estadísticas económicas.

Las diferencias entre encuestas y registros administrativos no demuestran automáticamente que exista manipulación, pero sí hacen necesario explicar las fuentes, los métodos de estimación y los márgenes de discrepancia.

La discusión adquiere relevancia porque una reducción estadística de la pobreza no necesariamente implica que todas las familias hayan mejorado sus condiciones en la misma medida, para evaluar los avances es necesario revisar, además del ingreso, el acceso efectivo a servicios médicos, educación, alimentación, seguridad social y vivienda digna.

Las dudas sobre los indicadores sociales también se extienden a las estadísticas delictivas; organizaciones civiles y especialistas han señalado discrepancias entre distintas fuentes de información, así como la necesidad de revisar la clasificación de los delitos y los criterios utilizados para contabilizarlos.

En este terreno es importante distinguir entre los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las encuestas de victimización y las estadísticas de mortalidad del INEGI.

Cada fuente utiliza procedimientos distintos y mide fenómenos específicos, por lo que sus cifras no siempre son directamente comparables, las diferencias deben analizarse caso por caso antes de concluir que existe una alteración deliberada de los datos.