El futuro del poder en Nicaragua vuelve a generar controversia tras una decisión parlamentaria que podría transformar la sucesión presidencial y fortalecer el control del Gobierno. La Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional para eliminar la vicepresidencia y sustituirla por funcionarios designados directamente desde la Presidencia.
La iniciativa recibió el respaldo unánime del Parlamento, dominado por el oficialismo, y modifica el artículo 126 de la Constitución Política. Sin embargo, todavía necesita una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor, durante el período que comenzará el próximo 9 de enero.
El cambio permitirá que los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo nombren a los llamados "designados presidenciales" y determinen sus responsabilidades. A diferencia de una vicepresidencia constitucional, estos nuevos cargos dependerán de nombramientos presidenciales, una característica cuestionada por sectores opositores.
Por orientaciones de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura la Ley de Reforma al Artículo 126 de la Constitución Política de la República de Nicaragua que eleva a rango constitucional la figura de los Designados Presidenciales. pic.twitter.com/S1Ps4aoTAv
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) October 22, 2026
Qué cambia en Nicaragua con la eliminación de la vicepresidencia
La reforma representa una transformación institucional para un país donde la vicepresidencia ha formado parte de su estructura republicana durante más de dos siglos. Nicaragua tuvo 25 vicepresidentes, de los cuales siete llegaron posteriormente a ocupar la Presidencia.
Con el nuevo esquema, la designación de funcionarios y la asignación de sus responsabilidades quedarán bajo las facultades de quienes ejercen la copresidencia. Durante el debate parlamentario, la legisladora oficialista Loria Raquel Dixon explicó que la iniciativa incorpora constitucionalmente estos cargos y permite asignarles funciones desde la Presidencia.
Este movimiento se suma a otras modificaciones institucionales impulsadas durante el Gobierno de Ortega, quien regresó al poder en 2007. En febrero de 2025, una reforma constitucional estableció la copresidencia, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y subordinó otros órganos estatales a la coordinación del Ejecutivo.
Aquella modificación también desplazó el calendario electoral que contemplaba elecciones generales para noviembre de 2026, aumentando los cuestionamientos sobre la continuidad política del oficialismo.
???? Daniel Ortega suprime el cargo de vicepresidente en Nicaragua para formalizar la "copresidencia" con su esposa Rosario Murillo, consolidando una dictadura dinástica sin contrapesos.#Nicaragua #DanielOrtega #Geopolitica #NoticiasInternacionales pic.twitter.com/sHsrQ3kiBy
— F TV MEDIA (@FTVMEDIASTI) October 23, 2026
Sospechas de sucesión familiar y nuevas críticas al autoritarismo
Las críticas más fuertes apuntan hacia una posible estrategia para mantener el poder dentro de la familia presidencial mediante funcionarios nombrados directamente. El Dirigente opositor Felix Madariaga cuestionó las sucesivas reformas constitucionales y sostuvo que reflejan dificultades del Gobierno para resolver su futura sucesión.
Maradiaga también mencionó a Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes, como posible integrante de una lista de designados presidenciales. Su planteamiento alimentó las acusaciones de una eventual sucesión dinástica, aunque no constituye una confirmación oficial sobre futuros nombramientos.
Las preocupaciones también están relacionadas con las declaraciones realizadas por Ortega en julio de 2026, durante el aniversario de la Revolución Sandinista. En aquella intervención, el mandatario rechazó celebrar nuevas elecciones que permitieran a la oposición acceder al Gobierno y anunció medidas para impedirlo.
Estas decisiones se producen después de años de denuncias sobre persecución política, expulsión de opositores y restricciones a las libertades democráticas. Organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, cuestionaron anteriormente la concentración del poder en Nicaragua.
