EEUU incluyó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) en su lista de Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN por sus siglas en inglés).
"La siguiente entidad ha sido añadida a la Lista SDN de la OFAC: Corte Penal Internacional, Oude Waalsdorperweg 10 2597 AK, La Haya, Países Bajos; fecha de creación de la organización: 1 de julio de 2002; número de IVA: NL810956822 (Países Bajos) [ICC-EO14203]", indica un aviso publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro.
Sin embargo, EEUU autorizó hasta el 7 de abril de 2027 determinadas transacciones con la Corte Penal Internacional (CPI).
#9Oct | El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.
— El Diario (@eldiario) October 9, 2026
A través de un mensaje en sus redes sociales, Rubio señaló que tanto el Partido Republicano como el Demócrata han rechazado que… pic.twitter.com/JKMpJgbau5
El presidente de EEUU, Donald Trump, instó durante su discurso ante el Debate General del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre a todos los países a abandonar la CPI por considerarla una " institución deshonesta".
En agosto, EEUU incluyó en su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas (SDN) a la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y al senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en dicho tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida al señalar que ambos funcionarios supuestamente participaron en abusos por parte de la corte, incluidos intentos de investigar y detener a funcionarios de países que no están bajo su jurisdicción.
En febrero de 2025, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva imponiendo sanciones al tribunal por acciones contra EEUU y sus aliados, incluido Israel.
Algunas de las medidas incluían la congelación de bienes y activos, así como la prohibición de entrada a EEUU para los miembros de la CPI y sus familias.
Rusia también ha calificado al tribunal como una de las herramientas utilizadas para imponer prácticas neocoloniales con el objetivo de evitar que los líderes de los Estados occidentales rindan cuentas.
La corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales "ad hoc" conformados en la década de 1990 para abordar crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
