La llamada “Ley Antimemes” no existe como denominación oficial ni establece una prohibición general para crear, publicar o compartir memes, caricaturas, parodias o críticas políticas contra el gobierno, el término se popularizó en redes sociales y medios para referirse a un paquete de reformas en materia de propiedad intelectual y combate a la piratería impulsado por el Ejecutivo federal.
Una de las iniciativas que generó mayor polémica plantea modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal; en su versión inicial se contemplaban penas de tres a siete años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 UMA para quienes utilizaran, reprodujeran, imitaran o incorporaran, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o signos oficiales de los tres órdenes de gobierno con la finalidad de inducir a error o engaño.
Tras las críticas surgidas durante el proceso legislativo, las comisiones unidas del Senado aprobaron el 23 de septiembre una versión modificada; la propuesta establece penas de uno a cinco años de prisión y mantiene las multas, pero precisa que debe existir un uso a escala comercial, intención de inducir al error o engaño y una finalidad vinculada con un ilícito relacionado con el supuesto origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema informático.
El objetivo declarado de estas modificaciones es combatir fraudes y falsificaciones, como sitios de internet o plataformas que utilizan indebidamente la identidad de instituciones públicas para aparentar ser oficiales y engañar a los ciudadanos.
De acuerdo con los impulsores de la reforma, un meme, una caricatura o una parodia que utilice elementos gráficos del gobierno no sería sancionable simplemente por ser crítico o satírico; para configurar el supuesto delito tendrían que acreditarse los elementos establecidos en la propia legislación, entre ellos el carácter comercial y la intención de engañar para cometer un ilícito.
Sin embargo, la propuesta también ha generado cuestionamientos entre legisladores de oposición y organizaciones defensoras de derechos digitales, quienes advierten que la falta de excepciones expresas para actividades como el periodismo, la parodia y la crítica política podría dejar espacios para interpretaciones discrecionales.
Además de esta reforma, existe otro paquete de modificaciones relacionado con derechos de autor que contempla responsabilidades para proveedores de servicios de internet frente a infracciones reiteradas, así como medidas contra usuarios reincidentes.
Estas disposiciones tampoco establecen una prohibición general de memes o sátira política, hasta el momento, las modificaciones en materia de propiedad industrial y Código Penal Federal habían sido aprobadas en comisiones del Senado, pero el proceso legislativo aún no concluía, la propuesta tendría que ser discutida y, en su caso, aprobada por el pleno del Senado y posteriormente continuar su trámite en la Cámara de Diputados.
Por ello, mientras la reforma no concluya el proceso legislativo y sea publicada conforme a la Constitución, no se encuentra vigente, la discusión pública se mantiene centrada en cómo combatir el fraude y el uso comercial indebido de la identidad institucional sin generar efectos que puedan afectar la libertad de expresión en internet.
