La desaparición de Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha provocado una amplia movilización, con la participación de autoridades estatales, corporaciones de seguridad, personal de Protección Civil, elementos de la Marina, universitarios y familiares que participan en las labores de búsqueda.
El joven, de 25 años salió de su domicilio en la colonia Ignacio Zaragoza el pasado 5 de septiembre para acudir al Parque Ecológico a jugar fútbol; desde entonces no ha regresado a casa.
A partir de ese momento se intensificaron los operativos para localizarlo, con recorridos por el cauce del río y zonas aledañas hasta Valsequillo. El caso también alcanzó al gobierno estatal, dónde el gobernador Alejandro Armenta se reunió con los padres del estudiante y aseguró que no se escatimarán recursos para su búsqueda.
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El gobernador Alejandro Armenta informó que, acompañado por la titular de la Fiscalía General del Estado y el secretario de Seguridad Pública, tuvo una reunión con Concepción Tello y Hugo Hernández, padres de Hugo Alejandro Hernández Tello, joven desaparecido… pic.twitter.com/q3wFsT6XWr
Pero la atención que ha generado la desaparición de Hugo Alejandro también abre una pregunta incómoda: ¿por qué no todas las personas desaparecidas reciben el mismo nivel de atención pública e institucional?
En México, la desaparición de personas representa una crisis de enormes dimensiones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula más de 135,000 personas en esta condición, mientras que cada año se incorporan miles de nuevos reportes.
Detrás de las cifras existen familias que, en numerosos casos, denuncian investigaciones que avanzan lentamente, falta de diligencias o la necesidad de participar directamente en las labores de búsqueda.
La diferencia está también en la visibilidad
La cobertura mediática de las desapariciones no suele ser uniforme, los especialistas han identificado que determinados elementos aumentan la posibilidad de que un caso se convierta en noticia: la edad de la víctima, sus circunstancias de desaparición, el contexto en el que ocurrió, la existencia de imágenes o videos y, especialmente, la capacidad de familiares y comunidades para movilizarse.
En el caso de Hugo Alejandro confluyen varios de estos factores, es estudiante de una de las universidades públicas más importantes del país, existe una comunidad universitaria organizada que ha difundido su fotografía y convocado a acciones de búsqueda, además de que se cuenta con información sobre sus últimos movimientos y el hallazgo de pertenencias personales.
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Familiares y amigos de Erick Alejandro Briones y Hugo Alejandro Hernández Tello hacen una jornada de pega de carteles de búsqueda; ambos desaparecieron en hechos distintos.
Vía: Ángel Gabriel / Agencia Enfoque pic.twitter.com/9aresV1kgJ
Todo ello facilita que el caso alcance rápidamente una dimensión pública. En contraste, otras desapariciones ocurren en comunidades alejadas, zonas donde la violencia se ha vuelto cotidiana o entre familias que carecen de los recursos, contactos y redes sociales necesarios para mantener el caso vigente en medios de comunicación.
Ello no significa que esas víctimas sean menos importantes, pero sí que enfrentan mayores dificultades para conseguir visibilidad.
¿Las redes sociales presionan a las autoridades?
Si, aunque no debería ser el factor que determine la actuación institucional, una ficha de búsqueda que se vuelve viral, fotografías compartidas miles de veces, videos de cámaras de seguridad, testimonios de familiares y movilizaciones ciudadanas pueden incrementar considerablemente la presión sobre las autoridades.
La exposición pública eleva el costo político de que una investigación permanezca sin resultados y puede generar una respuesta más visible y coordinada. Sin embargo, la búsqueda de una persona desaparecida no debería depender de cuántas veces se comparta su fotografía en Facebook, X, Instagram o TikTok.
La legislación establece mecanismos de búsqueda inmediata y las autoridades tienen la obligación de investigar independientemente de la notoriedad del caso, la condición económica, la profesión, el lugar de residencia, la pertenencia a una universidad o la capacidad de una familia para generar presión mediática no deberían determinar la cantidad de recursos destinados a localizar a una persona.
El problema es que, frente a la magnitud de la crisis, las instituciones enfrentan cargas de trabajo, falta de personal especializado, limitaciones presupuestales y una grave crisis forense. A ello se suma la impunidad que caracteriza buena parte de los delitos relacionados con la desaparición de personas.
El verdadero desafío
El caso de Hugo Alejandro Hernández Tello demuestra lo que puede ocurrir cuando una desaparición consigue activar simultáneamente a una familia, una comunidad universitaria, medios de comunicación y distintas instituciones gubernamentales.
Pero también pone sobre la mesa una deuda pendiente: que esa capacidad de respuesta no sea excepcional; mientras autoridades y ciudadanos mantienen la búsqueda del estudiante de la BUAP, miles de familias continúan esperando noticias de sus seres queridos y exigiendo que sus expedientes no queden archivados ni pierdan prioridad con el paso del tiempo.
La desaparición de una persona debería generar la misma urgencia independientemente de quién sea, dónde viva o cuántas personas conozcan su historia.
