México mantiene abiertas acciones legales por el fallecimiento de 17 connacionales durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, informó que tres fiscalías ya iniciaron la valoración de posibles acciones, mientras continúan pendientes las respuestas sobre los demás casos.
Los fallecimientos ocurrieron en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. La representación mexicana presentó 20 denuncias: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito, según lo expuesto por la Cancillería en la conferencia matutina del 19 de agosto de 2026. La SRE había confirmado previamente que los 17 casos corresponden a hechos registrados desde mayo de 2025.
???????? 17 mexicanos han muerto durante operativos migratorios o bajo custodia del #ICE, informa @SRE_mx .
— Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 19, 2026
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que 17 connacionales han perdido la vida durante operativos migratorios en Estados Unidos o mientras se…
Las fiscalías correspondientes a Ventura, California; Cook, Illinois; y Harris, Texas, comunicaron que iniciarán la valoración de acciones relacionadas con los casos de sus respectivas jurisdicciones. En los 16 casos restantes, México continuará el acercamiento con las autoridades encargadas de revisar las denuncias.
Florida también respondió a las gestiones mexicanas. De acuerdo con Velasco Álvarez, el fiscal estatal indicó que sus conclusiones coinciden con una investigación de ICE. Según la investigación estadounidense, una de las personas se quitó la vida, por lo que no realizará una investigación adicional desde Estados Unidos.
La Cancillería ha destinado 24 mil 788 dólares en apoyos vinculados principalmente con la repatriación de restos y asistencia a familiares. La red consular mantiene acompañamiento jurídico y gestiones solicitadas por las familias, una labor que ya estaba contemplada entre las medidas anunciadas por el gobierno mexicano.
También permanece vigente la denuncia remitida por la Fiscalía General de la República al Departamento de Justicia estadounidense. La Embajada de México transmitió esa petición para solicitar investigaciones sobre los 17 fallecimientos y obtener información acerca de su avance. La gestión fue formalizada en julio de 2026.
El seguimiento se extendió al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE. Roberto Velasco señaló que el asunto ha sido abordado con autoridades estadounidenses, incluido el embajador Ron Johnson, y sostuvo que atender los casos "es una prioridad de la cancillería". La SRE había informado anteriormente que el embajador Roberto Lazzeri transmitió al DHS y a ICE las preocupaciones de México por las condiciones de los centros de detención.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también respondió a una comunicación enviada por México. Según la Cancillería, Volker Türk expresó conocimiento y preocupación por la situación, informó que los datos fueron transmitidos al Consejo de Derechos Humanos y llamó a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas.
El canciller Roberto Velasco afirmó que la SRE ha reiterado sus preocupaciones a la embajada de EE. UU. en México por las condiciones en centros de detención. Agregó que la ONU hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que investiguen los casos. pic.twitter.com/f5jxylkcbG
— NMás (@nmas) August 19, 2026
Tres asuntos vinculados con el centro de detención de Adelanto, California, reciben además apoyo mediante el Programa de Asesorías Legales Externas. Uno revisa evidencia sobre la posible responsabilidad de una empresa encargada de servicios médicos; otro mantiene un juicio previsto para el verano de 2027, mientras un tercer caso prepara una eventual demanda civil.
México continuará el contacto con las fiscalías, los mecanismos regionales de derechos humanos y la oficina del Alto Comisionado. La red consular mantendrá además presencia en centros de detención y acciones preventivas de asistencia legal. La SRE había documentado desde julio la presentación de denuncias y las solicitudes de investigación relacionadas con los 17 fallecimientos.