La publicación de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), desató un amplio debate en México.
Mientras el gobierno federal sostiene que el objetivo es garantizar información de calidad y fortalecer los derechos de quienes consumen radio y televisión, opositores, periodistas e internautas advierten que las nuevas disposiciones podrían abrir la puerta a mecanismos de censura contra medios de comunicación críticos.
Los lineamientos, que permanecerán en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y buscan hacer efectivos los llamados "derechos de las audiencias".
Estos consisten en garantizar que los ciudadanos reciban contenidos claramente diferenciados entre información, opinión y publicidad, además de promover programación plural, incluyente y respetuosa de los derechos humanos.
Entre las principales obligaciones para los concesionarios de radio y televisión está la de distinguir de forma clara las noticias de los comentarios de opinión, identificar el contenido publicitario, contar con un Código de Ética, designar un defensor de las audiencias y atender las quejas de los usuarios.
Asimismo, los lineamientos establecen que deberá evitarse la difusión de información falsa o descontextualizada, uno de los puntos que más controversia ha generado.
Las críticas se centran en que conceptos como "información veraz" o "descontextualizada" pueden ser interpretados de manera subjetiva por la autoridad reguladora, y al no existir criterios claros e independencia en la aplicación de las normas, podrían utilizarse para sancionar contenidos incómodos para el gobierno o generar autocensura entre los medios de comunicación.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que se trate de una "Ley Censura" y ha insistido en que las disposiciones únicamente aplican para la radio y la televisión concesionadas, no para la prensa escrita ni para las redes sociales.
Además, ha subrayado que el proyecto aún está en consulta pública y que las observaciones ciudadanas podrán incorporarse antes de su aprobación definitiva.
Aunque algunos sectores comparan estas disposiciones con leyes implementadas en países donde existe censura a los medios, especialistas consideran que existen diferencias importantes.
En Venezuela, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión terminó utilizándose para retirar concesiones y sancionar a medios críticos. En Nicaragua, las leyes sobre desinformación y ciberdelitos han servido para perseguir periodistas independientes, mientras que en Cuba el Estado mantiene el control absoluto de los medios de comunicación.
En el caso mexicano, los lineamientos no contemplan el cierre de medios ni el control directo de los contenidos, pero sí prevén la posibilidad de imponer sanciones administrativas cuando las recomendaciones del defensor de las audiencias no sean atendidas.
Por ello, organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que cualquier regulación en esta materia debe contar con definiciones precisas, criterios objetivos y una autoridad independiente para evitar que la protección de las audiencias se convierta en una herramienta de presión política.
