El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel no solo exhibió la presunta operación irregular de la llamada “Detox Clínica”, sino también un patrón que especialistas, usuarios y organizaciones han denunciado desde hace años: las autoridades intensifican inspecciones, clausuras y alertas sanitarias únicamente cuando ocurre una tragedia mediática.
La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Blanca Adriana luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica ubicada en Calzada Zavaleta, provocó una reacción inmediata de distintas dependencias estatales y federales.
Tras la difusión nacional del caso, autoridades clausuraron otra sucursal relacionada con “Detox”, iniciaron investigaciones penales y reforzaron llamados ciudadanos para verificar cédulas profesionales y permisos sanitarios.
Sin embargo, el caso abrió nuevamente el debate sobre por qué estos establecimientos continúan operando durante meses o incluso años sin supervisión efectiva, pese a que muchas veces existen denuncias previas, publicidad engañosa o promociones agresivas en redes sociales.
La regulación de hospitales, clínicas y consultorios privados corresponde principalmente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), mientras que en Puebla la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud estatal, actúa como instancia coadyuvante en verificaciones, clausuras y medidas preventivas.
Según datos oficiales, la DPRIS mantiene vigilancia sobre más de 10,000 consultorios, 325 clínicas y hospitales privados, además de ambulancias y centros de rehabilitación. En lo que va del año, autoridades han suspendido al menos 15 consultorios y nueve clínicas por diversas irregularidades.
Además de las instancias sanitarias, la Fiscalía General del Estado participa en las investigaciones cuando existen posibles delitos, mientras que la SEP y colegios médicos hacen verificaciones sobre cédulas y acreditaciones profesionales.
Pero, aun así, autoridades reconocen que hay numerosos establecimientos dedicados a procedimientos estéticos que funcionan en la informalidad o sin cumplir completamente las normas sanitarias.
Especialistas en salud y regulación sanitaria advierten que el crecimiento acelerado de clínicas “low-cost” ha rebasado la capacidad de supervisión preventiva; en muchos casos, los operativos se llevan a cabo, después de denuncias públicas, fallecimientos, complicaciones médicas graves o presión mediática.
En Puebla hay antecedentes de clausuras a clínicas y consultorios irregulares; sin embargo, críticos señalan que las medidas suelen ser reactivas y no preventivas, es decir, tras cada caso de alto impacto, las autoridades anuncian revisiones, operativos y campañas de verificación, pero con el paso del tiempo las inspecciones disminuyen y muchos negocios vuelven a operar.
El caso Blanca Adriana también evidenció la facilidad con la que algunas personas ofrecen procedimientos médicos sin contar con cédula profesional o infraestructura adecuada, ya que, de acuerdo a las investigaciones, la presunta responsable operaba sin acreditación oficial y el establecimiento carecía de permisos sanitarios suficientes.
Además de la posible negligencia médica, el caso encendió alertas sobre la falta de protocolos de emergencia en clínicas estéticas, especialmente aquellas que ofrecen tratamientos rápidos y económicos mediante promociones en redes sociales.
Organizaciones consideran que el problema no solo radica en la clandestinidad de algunos establecimientos, sino en la limitada capacidad de vigilancia permanente por parte de las autoridades sanitarias.
