Mientras Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de perseguir penalmente delitos graves como el asesinato sin importar el paso del tiempo, en México la mayoría de los delitos tienen plazos de prescripción, es decir, un límite legal para que el Estado pueda investigarlos y sancionarlos.
El tema cobró relevancia luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente este miércoles a Raúl Castro, de 94 años, y a otros exfuncionarios cubanos por conspiración y homicidio relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.
En el sistema estadounidense, delitos como el asesinato son imprescriptibles, lo que permite iniciar procesos penales incluso 30 años después de ocurridos los hechos. En contraste, la legislación mexicana sí establece “fechas de caducidad” para la persecución penal en la mayoría de los casos.
¿Qué es la prescripción en México?
La prescripción extingue la acción penal por el simple transcurso del tiempo, esto significa que una vez cumplido el plazo legal sin que exista una sentencia firme o determinadas actuaciones judiciales, el Estado pierde la facultad de perseguir el delito.
El tema está regulado principalmente en los artículos 100 al 115 del Código Penal Federal, además de disposiciones equivalentes en los códigos penales estatales.
La ley establece distintos momentos para iniciar el conteo:
- En delitos instantáneos, desde que se consuman.
- En tentativa, desde el último acto de ejecución.
- En delitos continuados, desde el último acto cometido.
- En delitos permanentes, como desaparición forzada o secuestro, desde que cesa la conducta.
¿Cuánto tiempo tarda en prescribir un delito?
Los plazos dependen del tipo de sanción prevista, de manera general:
- Delitos sancionados sólo con multa: prescriben en un año.
- Delitos con prisión: el plazo suele equivaler al término medio aritmético de la pena prevista, con un mínimo de tres años.
- Destitución o inhabilitación: dos años.
- Delitos que requieren querella: normalmente un año desde que la víctima conoce el hecho y al responsable.
Por ejemplo, si un delito tiene una pena de 10 a 30 años de prisión, el término medio es de 20 años, por lo que la acción penal podría prescribir aproximadamente en ese periodo.
Además, cuando la persona acusada se encuentra fuera del país y esto dificulta la investigación, los plazos pueden duplicarse.
Aunque la regla general en México es la prescripción, existen excepciones cada vez más amplias; entre los delitos considerados imprescriptibles o con plazos extendidos destacan los delitos sexuales contra menores de edad, pornografía infantil, trata de personas, corrupción de menores, feminicidio en ciertos contextos legales, genocidio y delitos de lesa humanidad y algunas conductas relacionadas con terrorismo y desaparición forzada.
En varios casos relacionados con menores, el plazo comienza a correr hasta que la víctima alcanza la mayoría de edad, e incluso algunas reformas han ampliado el margen hasta los 35 años.
Aunque en México es menos frecuente que en Estados Unidos, sí existen casos en los que investigaciones han sido reabiertas años o décadas después.
Uno de los precedentes más relevantes es el caso de Mariana Lima Buendía, cuya muerte inicialmente fue clasificada como suicidio. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrir la investigación con perspectiva de género, marcando un precedente nacional para revisar feminicidios mal investigados.
También destacan casos de abuso sexual infantil y desaparición forzada, donde tribunales nacionales e internacionales han determinado que la gravedad de las violaciones impide aplicar prescripción.
En hechos vinculados con la llamada “Guerra Sucia” de los años 70 o en el caso Ayotzinapa, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones bajo criterios de delitos permanentes o violaciones graves a derechos humanos.
La legislación mexicana busca equilibrar el derecho de las víctimas con el principio de seguridad jurídica, evitando procesos indefinidos; sin embargo, críticos consideran que la prescripción también puede convertirse en un factor de impunidad en delitos históricos que nunca fueron investigados adecuadamente.
