La controversia por el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU sobre México continúa escalando; el 2 de abril, el organismo activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con el país, al solicitar al secretario general de la ONU que remita con carácter urgente la situación mexicana a la Asamblea General.
El CED concluyó que hay “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, al presentarse de forma generalizada o sistemática en diversas regiones.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de inmediato el informe, al calificarlo como “sesgado”, “tendencioso” y sin rigor jurídico. La administración federal sostiene que el documento ignora los avances institucionales logrados desde 2018, se basa principalmente en casos ocurridos entre 2009 y 2017 en sólo cuatro estados y extrapola conclusiones hasta 2025, sin considerar información actualizada entregada por México en septiembre de ese año.
¿Qué es una desaparición forzada?
De acuerdo con la Convención Internacional, ratificada por México en 2008, una desaparición forzada se configura cuando una persona es privada de la libertad por agentes del Estado, o por particulares con su autorización, apoyo o aquiescencia, y posteriormente se niega reconocer el hecho o se oculta el paradero de la víctima, dejándola fuera de la protección de la ley.
Este delito no requiere la existencia de una política estatal explícita; basta la tolerancia o inacción de las autoridades. Cuando ocurre de manera sistemática o generalizada, puede constituir un crimen de lesa humanidad.
Las cifras reflejan la magnitud del problema; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta, hasta marzo de 2026, alrededor de 132,534 personas desaparecidas y no localizadas. En total, el registro histórico desde 1952 suma más de 394,000 reportes, de los cuales el 66 % corresponde a personas ya localizadas.
No obstante, sólo 3,869 casos con datos completos cuentan con una carpeta de investigación abierta.
El Gobierno federal presentó recientemente un desglose para depurar el registro, señalando que el 33 % de los casos tiene datos completos sin actividad posterior, el 31 % corresponde a personas con algún tipo de actividad posterior y el 36 % carece de información suficiente.
Sin embargo, organizaciones civiles y colectivos de familiares de desaparecidos han cuestionado esta interpretación, al considerar que minimiza la dimensión de la crisis y no refleja adecuadamente los niveles de impunidad ni la posible participación de autoridades.
En este contexto, el CED enfatiza que su análisis se centra específicamente en desapariciones forzadas con indicios de aquiescencia estatal, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, pero con omisiones o posibles complicidades de autoridades locales.
Asimismo, subraya que México es uno de los países con mayor número de acciones urgentes tramitadas ante este Comité a nivel mundial.
La eventual remisión del caso a la Asamblea General de la ONU no implica sanciones ni intervenciones directas, pero sí representa un mecanismo excepcional de presión internacional. Este órgano podría emitir una resolución que reconozca la gravedad de la situación, exhortar al Estado mexicano a adoptar medidas concretas y promover cooperación técnica y financiera para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación forense e investigación.
Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, su peso político es significativo, ya que incrementan el escrutinio internacional y pueden derivar en mayor acompañamiento de organismos multilaterales.
Frente a ello, el Gobierno mexicano ha anunciado que buscará entablar diálogo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para exponer sus avances y defender su postura.
La decisión del CED vuelve a colocar en el centro del debate una crisis humanitaria que persiste en el país, y es que mientras el Ejecutivo insiste en que no hay una política de Estado en materia de desapariciones forzadas, organismos internacionales y colectivos de víctimas demandan reconocer la responsabilidad estatal y priorizar la búsqueda con vida, el acceso a la justicia y las garantías de no repetición.
