Menos de 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de un “Plan B” que buscará aprobar cambios mediante reformas a leyes secundarias.
El anuncio llega luego de que la reforma constitucional no alcanzara la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, ya que la propuesta obtuvo 259 votos a favor, principalmente de Morena, 12 diputados del PVEM y uno del PT, pero fue rechazada por legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de la oposición, impidiendo llegar a los 334 votos requeridos.
¿Y ese “Plan B”?
El llamado “Plan B” es una estrategia legislativa que consiste en modificar leyes ordinarias o secundarias en lugar de la Constitución, lo que permite aprobar cambios con más de la mitad de los votos presentes en el Congreso, sin necesidad de mayoría calificada ni de aprobación de los congresos estatales.
Este mecanismo ya fue utilizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022 y 2023, cuando su reforma electoral fue rechazada y posteriormente impulsó modificaciones legales para reducir gastos y estructuras dentro del sistema electoral.
La nueva iniciativa de Sheinbaum plantea una serie de medidas enfocadas principalmente en reducir costos en estructuras políticas locales y fortalecer la participación ciudadana.
Entre los puntos principales destacan:
Topes al gasto en congresos locales, ya que se establecerían límites presupuestales para el funcionamiento de los congresos, calculados con base en el tamaño de la población o en el porcentaje del presupuesto estatal. La presidenta citó como ejemplo que en Baja California cada diputado local cuesta 34.8 millones de pesos al año, mientras que en Colima el costo es de 5.1 millones, pese a tener el mismo número de legisladores.
La propuesta de igual manera busca disminuir el número de regidores en municipios grandes, en ciudades como Monterrey cuentan con 28 regidores y Puebla con 23, mientras que el proyecto establecería un máximo cercano a 10 integrantes, y los recursos ahorrados se destinarán a bacheo, drenaje, alumbrado público y servicios municipales.
También se propone ajustar costos por legislador en el Senado y eliminar estructuras duplicadas entre el INE y los organismos electorales locales, además de revisar salarios y gasto administrativo.
El plan plantea ampliar las consultas populares para discutir temas electorales y flexibilizar el mecanismo de revocación de mandato, permitiendo que se lleve a cabo en el tercer o cuarto año de gobierno.
¿Por qué tendría más posibilidades de ser aprobado?
A diferencia de la reforma constitucional rechazada, el Plan B tendría mayores probabilidades de aprobarse, ya que Morena y sus aliados PT y PVEM cuentan con mayoría simple en la Cámara de Diputados, suficiente para sacar adelante reformas a leyes secundarias.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que tras el rechazo constitucional comenzarán a construir esta alternativa legislativa; además, analistas consideran que el paquete tiene un camino más viable en el Congreso, aunque dependerá de la negociación interna dentro de la coalición oficialista y de la reacción de la oposición.
La discusión de la iniciativa se prevé en las próximas semanas, manteniendo el tema de la reforma electoral como uno de los ejes de la agenda política de la llamada Cuarta Transformación.
