En un intento por combatir lo que calificó como “privilegios” en el gasto público, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional para limitar las pensiones de exfuncionarios de alto nivel a un máximo del 50 % del salario presidencial, equivalente a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Esta reforma busca establecer “pensiones sin privilegios” y no afectará a trabajadores de base ni a quienes estén protegidos por contratos colectivos, más bien, el foco está en altos mandos cuyas jubilaciones superan incluso el salario presidencial, actualmente de 134, 290 pesos mensuales.
Te interesará leer: Nueva reforma busca limitar pensiones de altos mandos a la mitad del sueldo presidencial
Como ejemplo, se han documentado casos en Pemex, la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde algunos exdirectivos perciben entre 300,000 hasta un millón de pesos mensuales como pensión vitalicia.
Pemex destina anualmente cerca de 24,844 millones de pesos al pago de jubilaciones de 22,000 extrabajadores, mientras que Luz y Fuerza del Centro eroga alrededor de 28,074 millones para 14,073 jubilados; en el Banco de México, 97 exfuncionarios reciben pensiones superiores a 108,000 pesos mensuales.
Según estimaciones oficiales, el tope propuesto podría generar un ahorro de hasta 5,000 millones de pesos anuales, recursos que serían redirigidos a programas sociales.
La discusión ha reavivado el contraste entre las llamadas “pensiones doradas” y las que reciben millones de mexicanos bajo el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La pensión mínima garantizada del IMSS para 2026 se proyecta en alrededor de 10,636 pesos mensuales; con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, algunos jubilados podrían alcanzar hasta 17,364 pesos, equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS. En el caso del ISSSTE, el tope máximo ronda los 35,193 pesos mensuales, equivalente a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La diferencia es significativa: un exfuncionario que recibe un millón de pesos al mes obtiene en 30 días lo que un pensionado promedio del IMSS percibe en casi cinco años.
Y aunque la iniciativa no modifica directamente el sistema de cuentas individuales instaurado con la Ley del Seguro Social de 1997, el debate ha vuelto a poner en el centro el problema estructural del modelo de Afores.
Bajo este esquema, el monto de la pensión depende del ahorro acumulado durante la vida laboral, por lo que solo uno de cada cuatro trabajadores bajo este régimen logra acceder a una pensión contributiva, con tasas de reemplazo que pueden ser inferiores a 30 % del último salario.
Además, se requieren al menos 1,000 semanas cotizadas para acceder al retiro, en un contexto donde más de 60 % de la población ocupada labora en la informalidad. Quienes no alcanzan el ahorro suficiente reciben una pensión mínima cercana al salario mínimo o, en algunos casos, solo pueden retirar sus recursos en una sola exhibición, lo que incrementa el riesgo de pobreza en la vejez.
Especialistas consideran que la medida representa un avance en términos de equidad presupuestal, aunque su impacto fiscal sería limitado, pues equivale a menos de 1% del gasto total en pensiones contributivas, que para 2025 supera los 1.6 billones de pesos.
Mientras sectores afines al gobierno la califican como un acto de justicia social, críticos advierten que no resuelve el problema estructural del sistema de pensiones ni la presión financiera que este representa para las finanzas públicas.
De concretarse la reforma, marcaría un nuevo capítulo en la política de austeridad y reconfiguración del gasto público, en un país donde apenas 22 % de las personas mayores de 60 años en zonas urbanas cuenta con pensión contributiva y millones dependen de programas sociales para subsistir.
