Ante la proximidad de marzo, periodo en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, agrupaciones feministas y colectivos proaborto prevén un calendario intenso de actividades.
En este sentido, Puebla se perfila como uno de los puntos clave, ya que desde julio de 2024 el aborto es legal en la entidad, luego de que el Congreso del estado aprobó la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 12 semanas de gestación.
Con esta reforma, la entidad se alineó a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), eliminando sanciones penales para mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo en ese periodo, así como para el personal médico que lo practique conforme a la ley.
A poco más de un año de su entrada en vigor, las cifras oficiales muestran un incremento en las IVE practicadas en hospitales públicos; durante 2025, se reportaron 427 procedimientos de enero a octubre, y un total anual de hasta 479 en algunos cierres estadísticos.
El Hospital de la Mujer en Puebla capital concentró la mayoría de las atenciones con alrededor del 85 %, lo que evidencia tanto la demanda del servicio como la limitada distribución territorial de unidades habilitadas.
En los primeros meses tras la reforma, entre julio y diciembre de 2024 y el arranque de 2025, los reportes acumulados variaron entre 337 y 388 procedimientos; tan sólo en el primer semestre de 2025 se contabilizaron alrededor de 246 casos, lo que refleja un aumento sostenido en la demanda.
La mayoría de las interrupciones se llevan a cabo mediante métodos farmacológicos en etapas tempranas del embarazo y forman parte de los servicios gratuitos en la red pública de salud.
La Secretaría de Salud estatal ha reconocido que si bien la cobertura aún es limitada por falta de infraestructura y por la objeción de conciencia de algunos profesionales, se ha observado una disminución en complicaciones graves y muertes maternas asociadas a abortos clandestinos o inseguros.
Este indicador es considerado por especialistas y organizaciones civiles como un avance relevante en materia de salud pública y derechos reproductivos.
Entre los principales beneficios de la legalización destacan el acceso a procedimientos seguros y supervisados médicamente, la garantía de autonomía reproductiva sin criminalización hasta las 12 semanas, y la atención gratuita y confidencial sin necesidad de recurrir a amparos, como ocurría antes de la reforma.
Además, los servicios incluyen consejería y seguimiento integral, con atención especial para menores de edad, víctimas de violencia sexual y mujeres en contextos de vulnerabilidad.
No obstante, colectivos feministas y organizaciones como GIRE advierten que persisten rezagos normativos, ya que el aborto aún se mantiene tipificado en el Código Penal en ciertos supuestos, y subrayan la necesidad de ampliar la cobertura territorial para garantizar un acceso efectivo en todo el estado.
Con el Mes de la Mujer en puerta, el tema vuelve a colocarse en la agenda pública como parte de la discusión sobre derechos reproductivos, acceso a la salud y la necesidad de consolidar una red de servicios más amplia y equitativa en Puebla.
