Con la reciente destitución de José Jerí, Perú consolida una tendencia que podría estar dañando su salud institucional. En diez años, el país sudamericano tuvo 8 presidentes, 5 de ellos fueron destituidos utilizando como pretexto un polémico recurso constitucional. La figura central en este proceso ha sido la vacancia por incapacidad moral permanente, regulada en el artículo 113 de la Constitución de 1993, que le permite al Congreso remover al presidente de su cargo sin demasiadas instancias.
A diferencia de un juicio político tradicional que exige pruebas de delitos específicos, la incapacidad moral carece de una definición jurídica precisa. Esta ambigüedad permite que el Congreso interprete el concepto según su conveniencia política, agilizando los procedimientos sin necesidad de etapas probatorias extensas.
En el caso de Jerí, el Congreso decidió destituirlo por estar vinculado al escándalo "Chifagate" que implicó una serie de reuniones clandestinas con empresarios chinos, además de presuntas irregularidades en las contrataciones estatales. Apenas llevaba 130 días en el cargo luego de la destitución de Dina Boluarte, cuya "falta moral" fue no poder enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana y el crimen organizado, además de cuestionamientos por casos de corrupción (como el "Rolex Gate") y la represión en protestas sociales anteriores.
Esta subjetividad ha sido ampliamente criticada por organizaciones nacionales e internacionales, incluidas las advertencias reiteradas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha señalado que el uso discrecional de esta figura "rompe el equilibrio de poderes y pone en riesgo la independencia de las instituciones".
En términos operativos, la vacancia requiere 87 votos del Congreso unicameral, compuesto por 130 miembros. Aunque esta cifra representa una mayoría calificada, la debilidad de los partidos políticos ha facilitado la formación de alianzas temporales para alcanzar dicho umbral. Este fenómeno se ve aún más agravado por la confrontación permanente entre presidentes con representación parlamentaria minoritaria y congresos dominados por la oposición.
En efecto, este escenario ha tomado fuerza progresivamente en la última década. Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 antes de una segunda votación de vacancia. El expresidente estuvo implicado en pagos de la constructora Odebrecht a sus empresas de asesoría mientras era ministro años atrás. Renunció en marzo de 2018 para evitar una votación de vacancia inminente, luego de que se difundieran los "Mamanivideos", que mostraban una presunta compra de votos de congresistas para mantenerlo en el poder.
Martín Vizcarra fue acusado de recibir sobornos cuando era gobernador de Moquegua (caso "Club de la Construcción") y enfrentó el escándalo "Vacunagate" (vacunación irregular contra COVID-19). En noviembre de 2020, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral.
El caso más polémico fue el de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso en 2022 ante una tercera moción de vacancia que parecía no tener los votos para sacarlo. El Congreso ignoró su decreto y lo vacó en tiempo récord por incapacidad moral. Fue arrestado por la policía minutos después mientras intentaba refugiarse en la Embajada de México.
Aunque existen otros motivos de destitución en el artículo 117 de la Constitución —como traición a la patria o impedir elecciones—, su aplicación ha sido escasa frente al uso sistemático de la incapacidad moral. La acumulación de procesos de vacancia revela una crisis institucional más profunda, donde el Poder Legislativo ha pasado a dominar el destino del Ejecutivo. Llama la atención que la situación que vive Perú ni siquiera es comparable con sistemas oficialmente parlamentarios como Francia, Reino Unido o España, donde la destitución es una regla normal del juego.
Esta dinámica ha tenido un impacto directo en la ciudadanía. De acuerdo con encuestas de IDEA Internacional, casi 9 de cada 10 peruanos consideran que la crisis política afecta su vida diaria y ha erosionado su confianza en la democracia. En paralelo, economistas advierten que la inestabilidad desalienta la inversión privada, limita el crecimiento y agrava la parálisis de reformas en salud, educación y seguridad pública.
A pesar de que otros países han enfrentado situaciones similares —como en Paraguay que en 2012 el Congreso depuso al presidente Fernando Lugo por "mal desempeño de funciones"—, el caso peruano destaca por la frecuencia y rapidez de los procesos. La CIDH insiste en que esta práctica convierte una herramienta constitucional en un instrumento de control político, consolidando un modelo de "presidencialismo parlamentarizado" que desvirtúa la esencia del régimen presidencial.
