La venta de documentos oficiales falsos se ha normalizado en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde sin mayor discreción se ofrecen justificantes médicos, incapacidades laborales, pruebas de embarazo, certificados médicos e incluso títulos universitarios, a cambio de pagos accesibles y con entrega casi inmediata.
A través de publicaciones abiertas o mensajes directos, los ofertantes prometen documentos “verificables”, con sellos, firmas y formatos que simulan ser expedidos por clínicas, hospitales, universidades y dependencias oficiales, sin que exista una supervisión efectiva por parte de las autoridades.
Este mercado ilegal opera con total impunidad en plataformas digitales, aprovechando la alta demanda de personas que buscan evadir responsabilidades laborales, académicas o legales.
Como parte de un ejercicio periodístico, Imagen Poblana estableció contacto con una persona que promociona este tipo de servicios y durante la conversación, el ofertante aseguró poder gestionar un título universitario presuntamente expedido por una universidad del estado de Coahuila, con un costo de 35,000 pesos.
De acuerdo con la información proporcionada, el documento sería un título oficial ante la Secretaría de Educación Pública y estaría respaldado por supuestos convenios con distintas instituciones educativas.
Explicó que, para iniciar el trámite, solo se requieren acta de nacimiento, CURP y promedio académico, el esquema de pago consiste en un anticipo de 50 %, mientras que el resto se cubre una vez que el título “esté listo”, además, el vendedor añadió que el registro se lleva a cabo en el sistema SIURP, tras lo cual el interesado únicamente tendría que tramitar su cédula profesional y como comprobante, ofreció enviar el título en formato electrónico.
Subrayó que esté tipo de trámites se pueden hacer de manera presencial, para darle mayor tranquilidad al cliente, asegurando contar con una oficina en la capital poblana.
Pero, además del título universitario, preguntamos por la posibilidad de obtener otros documentos a lo que el vendedor aseguró que también puede expedir una carta de antecedentes no penales, con un costo de 300 pesos, aunque aclaró que por el momento solo cuenta con este trámite correspondiente expedido por el Estado de México.
Asimismo, ofreció la Constancia de Situación Fiscal por 200 pesos, así como recetas médicas que, según explicó, suelen utilizarse para justificar inasistencias laborales o escolares por 130 pesos de uno a tres días.
Sobresale que, a lo largo de la conversación, el ofertante reiteró en todo momento que todos los documentos son “oficiales” y que pueden utilizarse sin problema ante distintas instituciones.
En el estado de Puebla, la falsificación de documentos y el uso de documentos apócrifos están tipificados como delitos y pueden derivar en penas de prisión y sanciones económicas, de acuerdo con el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. La legislación distingue entre documentos privados y documentos públicos; en el primer caso, las sanciones van de 1 a 5 años de prisión, mientras que cuando se trata de documentos oficiales, como títulos universitarios, certificados médicos, constancias expedidas por autoridades o instituciones públicas, las penas pueden alcanzar hasta 8 años de cárcel, además de multas económicas proporcionales a la gravedad del delito.
La ley también sanciona a quienes usen, presenten o se beneficien de documentos falsos, aun cuando no hayan participado directamente en su elaboración, siempre que se tenga conocimiento de su falsedad. Estas conductas se castigan con penas equiparables a las del falsificador, al considerar que afectan la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. Asimismo, el marco legal contempla agravantes cuando intervienen funcionarios públicos o cuando se simulan actos oficiales, lo que refuerza el carácter delictivo de un fenómeno que, pese a su normalización en plataformas digitales, representa un riesgo para los ámbitos educativo, laboral y administrativo.
