A propósito de la celebración por la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, desde la llegada al poder de la llamada Cuarta Transformación esta Carta Magna ha experimentado uno de los procesos de modificación más intensos de su historia reciente.
Bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y, desde octubre de 2024, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el bloque legislativo encabezado por Morena, junto con el PT y el PVEM, ha impulsado reformas en materia social, económica, energética, de seguridad y de diseño institucional.
De acuerdo con datos oficiales de la Cámara de Diputados, entre 2018 y principios de 2026 se han aprobado alrededor de 63 reformas constitucionales, que han impactado al menos 106 artículos, es decir, cerca de 70 % del texto constitucional, además de diversos artículos transitorios.
Durante el sexenio de López Obrador se aprobaron aproximadamente 27 reformas, mientras que en los primeros meses del gobierno de Sheinbaum se sumaron modificaciones que alcanzan entre 50 y 53 artículos reformados entre 2024 y 2025.
Uno de los cambios más relevantes fue la constitucionalización de los programas sociales, principalmente en el artículo 4o. con estas reformas, el Estado quedó obligado a garantizar pensiones para adultos mayores desde los 65 años, becas para estudiantes de todos los niveles, apoyos para personas con discapacidad y otros programas de bienestar, lo que blindó presupuestalmente estas políticas frente a eventuales recortes en futuros gobiernos.
Otra de las reformas de mayor impacto y controversia fue la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024; esta modificación a diversos artículos constitucionales establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduce el número de ministros y redefine procedimientos internos, con el argumento de combatir la corrupción y el elitismo judicial.
En materia de seguridad pública, se aprobó la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, fortaleciendo la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Paralelamente, en el ámbito económico, las reformas en materia energética reforzaron la soberanía del Estado, priorizando a Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas y declarando al litio como recurso exclusivo de la nación.
También destacan las reformas al artículo 2o. constitucional, que reconocen plenamente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como cambios en materia laboral y de género que incorporan la igualdad sustantiva, la erradicación de la brecha salarial y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Aunque buena parte del paquete de iniciativas presentado por López Obrador en febrero de 2024 ya fue aprobada, al cierre de 2025 permanecen reformas pendientes o en proceso, entre ellas una reforma electoral integral, cambios adicionales al sistema de pensiones, la eliminación de salarios elevados para funcionarios, ajustes en salud y vivienda, así como la protección del maíz nativo y la soberanía alimentaria.
Este amplio proceso de reformas ha sido presentado por sus impulsores como el “segundo piso” de la Cuarta Transformación, orientado a revertir políticas neoliberales y priorizar el bienestar social y la soberanía nacional. Para sus críticos, en cambio, representa una concentración de poder y un reordenamiento institucional que podría debilitar los contrapesos democráticos.
