El reciente señalamiento contra el legendario cantante español Julio Iglesias ha vuelto a colocar en el centro del debate público el problema del abuso sexual y el uso del poder en la industria del entretenimiento.
Dos mujeres que trabajaron para el artista, lo acusan de agresiones sexuales, acoso, control coercitivo y presunto delito de trata de personas, cometidos durante 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.
Sin embargo, el caso de Iglesias no es aislado, desde la irrupción del movimiento #MeToo numerosas figuras del entretenimiento han sido señaladas por conductas de abuso sexual, acoso o violencia, revelando patrones en que la fama, el poder económico y la dependencia laboral facilitan silencios prolongados y denuncias tardías.
Entre los casos internacionales más destacados está el del rapero y productor Sean “Diddy” Combs, acusado por múltiples mujeres de abuso físico, sexual, violación y tráfico sexual. En 2025 fue condenado a 50 meses de prisión por cargos relacionados con transporte con fines de prostitución, además de enfrentar fuertes sanciones económicas y el colapso de su carrera pública.
Otro caso emblemático es el del tenor español Plácido Domingo, acusado en 2019 por más de 20 mujeres de acoso sexual en entornos laborales. Aunque no enfrentó cargos penales, ofreció disculpas públicas y perdió cargos en instituciones culturales como la Ópera de Los Ángeles.
El cantante R. Kelly representa uno de los casos más extremos, pues fue condenado a décadas de prisión por abuso sexual, tráfico sexual de menores y pornografía infantil, lo que prácticamente borró su legado “artístico”.
A estos se suman señalamientos contra artistas como Ryan Adams y Axl Rose, con consecuencias que van desde cancelaciones profesionales hasta procesos que prescribieron o no llegaron a condenas penales.
En el ámbito nacional y regional, también hay antecedentes relevantes. El cantante Kalimba fue exonerado en 2011 de una acusación de abuso sexual contra una menor, pero enfrenta actualmente un proceso judicial por una denuncia presentada por la cantante Melissa Galindo, relacionada con presuntos tocamientos indebidos ocurridos entre 2019 y 2020.
El productor Luis de Llano fue acusado públicamente por la cantante Sasha Sokol de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Aunque no ha enfrentado una condena penal, el caso reabrió un amplio debate sobre la impunidad, el consentimiento y los abusos normalizados en la industria del entretenimiento mexicano.
Otro caso es el del actor y cantante Héctor Parra, acusado de abuso sexual contra su hija menor. Aunque fue absuelto de algunos cargos, pasó tiempo en prisión preventiva y fue sentenciado por corrupción de menores.
Estos casos reflejan patrones comunes como abusos de poder, silencios prolongados por miedo o dependencia laboral, denuncias que surgen décadas después y consecuencias desiguales que van desde sentencias de prisión y cancelación pública hasta absoluciones o regresos parciales a la vida artística.
En muchos escenarios, cuando la vía penal se complica por la prescripción de los delitos, las víctimas recurren a la justicia civil o al escrutinio público como forma de reparación y visibilización.
