Con motivo del primer día en la corte neoyorquina tras su captura en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente ante una serie de cargos por narcotráfico y presuntos delitos armados. Según la información consultada por NotiPress, Maduro podría recibir una condena desde veinte años hasta cadena perpetua, así como una pena capital en caso de ser solicitada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con la acusación publicada por la oficina de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, los cargos contra Maduro están tipificados en el Título 21 del código estadounidense. Si bien los lineamientos no forman parte del código penal, el código supervisado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) facilita que el mandatario venezolano sea juzgado con base en la conspiración por ingreso de substancias nocivas para la población, tales como la cocaína.
Para la administración de Donald Trump, las actividades que involucren los procesos y cadenas del narcotráfico se consideran actos de terrorismo. Bajo esta línea, el documento fiscal acusó a Maduro de narcoterrorista por su presunta confabulación con organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de Sinaloa.
Asimismo, en materia de seguridad nacional, autoridades estadounidenses acusan a Maduro de facilitar armamento a los grupos armados con actividades del narcotráfico. El archivo de la oficina del fiscal detalló que las armas incluyen granadas y rifles automáticos de diversos calibres y manufactura. Con base en los dos tipos de acusaciones, el precedente jurídico señala que el exlíder chavista enfrentará cargos de 20 años a cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable.
Iniciativa para recuperar la pena de muerte
Fuentes jurídicas consultadas por la agencia de noticias agregaron que la legislación bajo el segundo mandato del presidente Donald Trump podría llevar a la pena de muerte en el caso de Maduro. A través de la orden ejecutiva titulada "Restaurar la pena de muerte y proteger la seguridad pública", el Gobierno de Estados Unidos propuso otorgar a la fiscalía general la facultad de modificar los manuales de justicia a nivel estatal.
No obstante, para otorgar la pena máxima, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York debe solicitar la pena de muerte a partir de pruebas que constaten la existencia de víctimas fatales relacionadas con el tráfico de armamento con el que se confabuló el mandatario según acusaciones del fiscal. Para lograr comprobar esta acusación, el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, aseguró que tomará medidas para evitar intervenciones que entorpezcan o perjudiquen el fallo del tribunal tras la siguiente sesión del 17 de marzo. (NotiPress)
