Castigar con hasta ocho años de prisión la explotación financiera contra adultos mayores y eliminar la necesidad de denuncia para iniciar el proceso penal son los principales cambios planteados por una iniciativa legislativa presentada en la Cámara de Diputados.
El 27 de diciembre de 2025, la diputada Azucena Huerta Romero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una reforma al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esta propuesta de reforma busca tipificar como delito la explotación financiera de personas mayores de 65 años y permitir su persecución de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima denuncie.
La iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, plantea la adición de un nuevo artículo, el 390 Ter, bajo el Capítulo III Quater del Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal. En este artículo se especifica que incurre en explotación financiera quien, aprovechando una relación de parentesco, tutela, laboral o de confianza, se apropie o use los recursos económicos, bienes o pensión de un adulto mayor sin su consentimiento libre e informado.
Las sanciones contemplan penas de entre cuatro y ocho años de prisión y multas de 200 a 500 días. Además, las penas se incrementarán en 50% si la víctima tiene alguna discapacidad o condición que limite su capacidad de comprensión o resistencia.
En paralelo, se propone adicionar un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Este artículo obligaría a instituciones financieras públicas y privadas a simplificar los trámites para el cobro de pensiones y servicios, y a establecer protocolos para detectar y reportar operaciones sospechosas ante la Fiscalía General de la República.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 4.7% de las mujeres de 60 años o más reportaron haber sufrido violencia económica por parte de un familiar en 2021. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que 63% de las reclamaciones presentadas por adultos mayores ante instituciones bancarias pueden estar relacionadas con fraudes.
El documento señala que actualmente el único tipo penal cercano es el "abuso de confianza", pero este requiere denuncia formal para iniciar acciones legales. "Es impensable e inhumano exigir a una persona mayor, que depende física, emocional y habitacionalmente de su agresor (quien a menudo es su único cuidador), que acuda a un ministerio público a denunciar formalmente a su propio hijo o nieto", afirma el texto legislativo.
Además, la propuesta dice que muchas víctimas enfrentan obstáculos como miedo al abandono, represalias, violencia física o vergüenza, lo cual impide que presenten una denuncia y garantiza la impunidad del agresor. Según la propuesta, permitir la persecución de oficio sería una medida con perspectiva de género destinada a proteger a mujeres mayores en situación de dependencia. (NotiPress)
