Con la finalidad de garantizar el uso eficiente, eficaz, económico, honesto, transparente y responsable de los recursos públicos, sin menoscabo de la calidad, funcionalidad y valor público de los bienes y servicios que se contraten, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana para el Estado Libre y Soberano de Puebla y sus Municipios.
De acuerdo con la propuesta legislativa del diputado, la austeridad republicana no implica la adquisición de bienes o servicios de menor calidad, ni la selección automática de la opción más barata, sino la obligación de evitar gastos de lujo, dispendio o privilegio.
Además, priorizar bienes y servicios que ofrezcan mejor desempeño, durabilidad, eficiencia y costo–beneficio, seleccionar proveedores bajo criterios de calidad, eficiencia, precio justo y transparencia, así como asegurar que cada gasto genere el máximo valor social posible.
Por su parte, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar dos párrafos al artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de indicar que el Estado garantizará que, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en materia familiar que involucren la salida del territorio nacional, el traslado o la movilidad interna e internacional de niñas, niños y adolescentes, se privilegie en todo momento su interés superior, su derecho a la vida familiar, a la identidad y a la libertad de tránsito.
La ley establecerá mecanismos ágiles, accesibles, con perspectiva de género y de derechos de la niñez, para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia, frente al abandono o al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones de crianza, de alimentos o de convivencia por parte del otro progenitor, pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional de amplia temporalidad, sujetas a control judicial, a la protección integral de niñas, niños y adolescentes y a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa mediante la cual se modifica el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para establecer como atribución de la Secretaría de Arte y Cultura el fomentar, privilegiar y garantizar la participación del talento artístico y musical local, individual o colectivo, mediante su promoción y contratación en eventos públicos, festividades, ferias, actividades culturales y actos sociales organizados por el Estado o en coordinación con los municipios.
Las propuestas de los diputados Julio Huerta y José Luis Figueroa, así como la de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.
En tanto, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar la fracción XXIV al artículo 380 del Código Penal del Estado, con la finalidad de elevar hasta en una mitad las penas por el delito de robo cuando una persona que preste sus servicios en instituciones bancarias, financieras, de crédito, de recaudación, de envío, custodia o manejo de caudales, activos financieros o datos sensibles de las personas usuarias, proporcione, filtre, transmita, utilice o permita el acceso a información obtenida con motivo de su empleo o función, con el fin de facilitar la comisión de un hurto.
Asimismo, el diputado presentó una iniciativa para adicionar la fracción V al artículo 2222 del Código Civil, a fin de establecer que una donación puede ser revocada por ingratitud cuando el donatario incumpla cargas de carácter no patrimonial impuestas en la donación, siempre que dicho incumplimiento menoscabe la dignidad, el bienestar o las condiciones de vida del donante.
Ambas propuestas del legislador fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
CONGRESO RECIBE INICIATIVAS EN MATERIA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
El diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar el artículo 23 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de contemplar que la violencia digital también constituye los actos de acecho, suplantación de identidad o la manipulación de información, textos y publicación de fotografías, videos, impresiones gráficas o sonoras de contenido violento, íntimo, erótico o sexual.
Lo anterior, empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales, aplicaciones, servicios de mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro espacio digital, que tenga como finalidad o consecuencia, atentar contra la dignidad y la seguridad de la vida privada, causando daño psicológico o emocional o transgreda algún derecho humano de las mujeres o de sus familias.
Por su parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la fracción VIII del artículo 21 Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de considerar como violencia política en razón de género la generación y difusión de campañas difamatorias, la manipulación de información y creación de cuentas falsas en redes sociales, para suplantar la identidad o engañar a la opinión pública, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos.
Ambas propuestas legislativas fueron enviadas a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.
Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, con la finalidad de considerar como discriminación la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, así como realizar, promover o tolerar cualquier forma de violencia por expresión de género.
De igual forma, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para facultar de manera expresa al organismo para realizar visitas periódicas, progresivas y sin previo aviso a cárceles, instituciones policiales, centros penitenciarios, centros para adolescentes, centros de internamiento para la atención de la salud mental y otros espacios donde se restrinja la libertad o la autonomía personal.
Las iniciativas de las diputadas Angélica Alvarado y Gabriela Chumacero fueron enviadas a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente.
En su momento, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa de reforma al artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar el concepto de caminos artesanales, que permita reconocer esta modalidad de infraestructura dentro de la planeación estatal.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio y resolución procedente.
En otro momento de la sesión, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de Puebla, con la finalidad de impulsar estas actividades, su inversión, financiamiento y destinatarios de apoyos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para su estudio y resolución procedente.
Finalmente, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 58 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las políticas de promoción del empleo tendrán entre sus objetivos garantizar la formación tecnológica, impulsando el emprendimiento juvenil y la inclusión en la economía digital.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.
