La reciente aprobación por parte de los diputados de penas de hasta 8 años de cárcel por la venta de vapeadores, se enmarca en una política más amplia de prohibición total. Desde el 18 de enero de 2025, una reforma constitucional ha prohibido la producción, distribución, importación, exportación y venta de estos dispositivos, incluyendo accesorios y líquidos, tanto con o sin nicotina.
Esta medida busca proteger la salud pública, especialmente de los jóvenes, alineándose con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el uso personal no está explícitamente penalizado, aunque su posesión puede derivar en confiscación en aduanas o multas, y el vapeo en espacios públicos está restringido al equipararse al tabaquismo.
Diversos países han adoptado regulaciones contrastantes frente al uso de cigarrillos electrónicos, con resultados mixtos en salud pública, prevención juvenil y control del mercado. En naciones como Australia, India y Singapur, la política ha sido prohibitiva, se restringe por completo la venta, importación y uso, imponiendo multas elevadas e incluso penas de cárcel. Estos gobiernos justifican la medida como una estrategia para evitar adicciones tempranas y disminuir la exposición a productos no regulados.
Aunque estas prohibiciones lograron una reducción significativa en el consumo juvenil, también generaron efectos secundarios no previstos. En Australia, por ejemplo, la caída inicial en el vapeo entre jóvenes derivó en un floreciente mercado negro que ahora concentra hasta 80 % de los dispositivos en circulación. En India y Singapur, pese a mantener prevalencias juveniles casi nulas, el contrabando y la falta de alternativas efectivas para la cesación tabáquica continúan siendo desafíos persistentes.
En contraste, países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos optaron por regular el vapeo como un producto de consumo o de reducción de daños, con límites a la nicotina, controles de edad, prohibiciones publicitarias y, en algunos casos, vetos a sabores y desechables. Estas estrategias han permitido que millones de fumadores migren hacia alternativas menos dañinas, y la evidencia científica respalda su utilidad para dejar el tabaco. Sin embargo, persisten retos como el uso dual, el incremento de mercados ilegales ante prohibiciones parciales y un repunte inicial de consumo juvenil debido a la disponibilidad de sabores.
Países como Nueva Zelanda y Portugal mantienen modelos intermedios, pues permiten la venta bajo estrictas regulaciones, límites de nicotina y restricciones de publicidad. En Nueva Zelanda, estas medidas han contribuido a avanzar hacia su meta de país libre de humo, aunque el consumo juvenil creció en los últimos años. Portugal, por su parte, registra bajos niveles de vapeo entre menores, pero enfrenta el impacto ambiental y social del auge de dispositivos desechables. La diversidad de enfoques evidencia que no hay un modelo único y que cada país enfrenta tensiones específicas entre salud pública, reducción de daños y control del mercado ilegal.
Los estudios internacionales muestran que las medidas más efectivas han sido los bans de sabores y publicidad, las restricciones estrictas en internet dentro de la Unión Europea, y los enfoques de reducción de daños aplicados en Reino Unido y Nueva Zelanda, que elevaron la cesación tabáquica entre adultos entre el 10 y 20 %. Asimismo, regulaciones como etiquetado obligatorio y límites de nicotina mejoraron hasta 30 % la calidad de los productos en países europeos.
En contraste, lo que no funcionó fueron las prohibiciones totales en países como Australia e India, que detonaron mercados negros de hasta 80 % de los dispositivos sin reducir el tabaquismo, además de la variabilidad regulatoria entre estados o provincias en Estados Unidos y Canadá, que facilita el contrabando. Finalmente, el uso dual, persistente en 30 % de los usuarios regulados, continúa limitando los beneficios en salud pública.
En este sentido, México encaja en la categoría de prohibido total, similar a India o Singapur, priorizando la prevención absoluta sobre la reducción de daños. Esta aproximación funcionó en reducir exposición juvenil inicial, pero podría fallar como en Australia, fomentando un mercado negro y sin alternativas para 10 millones de fumadores mexicanos.
