
Celulares, armas, alcohol y otros artículos prohibidos son incautados regularmente por las autoridades penitenciarias tras operativos de seguridad o revisiones en los Centros de Reinserción Social (Cereso).
La gestión y destino final de estos objetos decomisados es un proceso estandarizado que busca garantizar la legalidad, transparencia y el control dentro del sistema penitenciario, no solo en Puebla sino en todo el país.
Te interesará leer: Celulares, pantallas, droga y “harta” cerveza, decomiso en el penal de Tepexi
El destino de los bienes decomisados varía principalmente en función de su naturaleza. Si son objetos ilegales por sí mismos (como armas o drogas) o si son artículos prohibidos dentro de la institución (como celulares o dinero en efectivo).
Para el caso de las armas punzocortantes y drogas, estos artículos -que constituyen delitos o amenazas directas a la seguridad- son generalmente puestos a disposición del Ministerio Público.
Se levanta un acta del decomiso y se inicia la cadena de custodia. El MP es quien se encarga de las investigaciones pertinentes como determinar su procedencia o si fueron utilizados en algún delito y posteriormente, de su destrucción legal, en coordinación con peritos y autoridades sanitarias o de seguridad, según sea el caso.
Respecto a los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sus accesorios (cargadores, chips) son decomisados por ser una vía de comunicación no autorizada que puede facilitar la comisión de delitos desde el interior.
Suelen ser resguardados y, eventualmente, destruidos por la autoridad penitenciaria, previa autorización y en presencia de testigos. En algunos casos, se pueden resguardar para peritajes si hay sospecha de un uso delictivo grave, poniéndolos a disposición del MP.
El alcohol de fabricación artesanal o introducido ilegalmente es decomisado y por su naturaleza, se procede a su destrucción inmediata por el personal de seguridad, documentando el proceso en actas.
Sobre el dinero y objetos de valor, las autoridades explicaron que las normativas suelen prohibir a los internos poseer grandes sumas de dinero o artículos de alto valor. El dinero decomisado suele ser contabilizado y depositado en una cuenta institucional o de la persona privada de libertad (PPL) para ser devuelto al momento de su egreso, siguiendo los protocolos de resguardo financiero.
Artículos como joyas excesivas, herramientas no autorizadas o material pornográfico, son resguardados y/o destruidos según su riesgo y las directrices internas, con la debida documentación.
Para todos los casos, el procedimiento debe seguir un estricto protocolo que asegura la legalidad del decomiso.
Se levanta un acta detallada del operativo, la ubicación del hallazgo, el interno o celda involucrada y una descripción exhaustiva de los objetos incautados.
Se establece para aquellos objetos que serán entregados al Ministerio Público (principalmente armas y drogas) para asegurar que no sean alterados y sirvan como prueba.
El interno al que se le decomisan los objetos es usualmente sujeto a un procedimiento disciplinario interno, que puede resultar en la restricción de beneficios, cambio de módulo o confinamiento.
La destrucción de los objetos no entregados al MP (celulares, alcohol, etcétera) se hace bajo supervisión, para garantizar que no sean reintroducidos y evitar actos de corrupción.
Lo que las autoridades buscan, es neutralizar la amenaza que representan estos objetos para la seguridad y el orden dentro de los Ceresos, aplicando un protocolo que va desde la consignación legal hasta la destrucción controlada.