El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tropas de la Guardia Nacional en varios estados con gobiernos demócratas, consolidando una estrategia de seguridad que generó amplias críticas y reacciones judiciales. El movimiento, que inició en agosto en Washington DC, se extendió extendido a Oregon, California e Illinois, bajo el argumento de "restablecer el orden" frente a protestas y disturbios vinculados a redadas migratorias y manifestaciones contra las políticas federales.
Desde el 5 de octubre, el Gobierno federal ordenó el envío de 300 soldados de la Guardia Nacional de California a Portland, tras la decisión de una jueza de Oregon que bloqueó el uso de tropas estatales. El gobernador californiano, Gavin Newsom, confirmó el despliegue y denunció: "Este es un abuso de poder vergonzoso. La Administración Trump ataca sin complejos el propio Estado de derecho y pone en práctica sus peligrosas palabras: ‘ignora las órdenes judiciales’ y trata a los jueces, incluso a los nombrados por él, como oponentes políticos".
La decisión se produce tras una serie de disputas legales entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales. Trump perdió una batalla judicial al intentar disponer de 4 000 efectivos de la Guardia Nacional de California sin aprobación estatal, hecho que no ocurría desde hace seis décadas. Si bien la corte declaró ilegal la medida, permitió que 300 soldados permanecieran bajo mando federal.
Según la Casa Blanca, los despliegues buscan reforzar la seguridad ante protestas que, según el Gobierno, se volvieron más violentas desde la designación del movimiento Antifa como grupo terrorista. En respuesta, las autoridades locales insisten en que las manifestaciones fueron mayormente pacíficas y la presencia militar solo incrementa la tensión.
En Illinois, el presidente también ordenó el envío de 300 soldados a Chicago, ciudad la cual calificó como "zona de guerra". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida durante una entrevista televisiva, argumentando que era necesaria para "recuperar el control de las calles". El gobernador demócrata JB Pritzker criticó la operación afirmando: "Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas, tienen que largarse de aquí cuanto antes".
Durante el operativo en Chicago, activistas y residentes denunciaron acciones violentas de agentes migratorios, incluyendo arrestos nocturnos en edificios de apartamentos y el uso de helicópteros. Pritzker solicitó una investigación estatal tras confirmarse reportes de que "niños fueron sujetados con bridas y detenidos por separado de sus padres", en lo que describió como tácticas de tipo militar.
Las intervenciones federales se concentraron principalmente en estados dirigidos por demócratas. Gobernadores como Tina Kotek, de Oregon, reiteraron que no existe una emergencia para justificar la presencia militar y sostienen que las autoridades locales tienen capacidad suficiente para mantener el orden.
A partir de su inicio en Washington DC, el despliegue fue interpretado por opositores como una medida política más que de seguridad. Sin embargo, Donald Trump mantiene su postura de que estas acciones son necesarias para "restablecer la paz en ciudades afectadas por el crimen y la anarquía". (NotiPress)
