San Miguel: privilegios, negocios y corrupción tras los muros

Un escándalo de corrupción sacudió al sistema penitenciario de Puebla tras el descubrimiento y demolición de una "cárcel de lujo" al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Este complejo, conocido de manera informal como "el Pueblito" y demolido en julio de 2022, era un conjunto de 104 cuartos construidos de manera ilegal, que ofrecían a algunos reclusos comodidades y privilegios a cambio de elevadas sumas de dinero.

Según las investigaciones, estos espacios clandestinos funcionaban como un verdadero complejo de servicios para los reos con mayor poder adquisitivo. Lejos de las condiciones austeras que se esperan en una prisión, los reos que podían pagar una cuota semanal tenían acceso a:

• Departamentos y cuartos privados: estos espacios estaban equipados con camas matrimoniales, colchones, electrodomésticos y otros enseres que les permitían vivir con un nivel de comodidad considerablemente superior al del resto de la población.
• Servicios exclusivos: se ha reportado la existencia de gimnasios, restaurantes, estéticas, tiendas de abarrotes y hasta farmacias, que operaban con total impunidad.
• Visitas privadas: se permitían las visitas conyugales en estos cuartos, lo que era un claro indicio de la corrupción que permitía que se pasaran por alto los reglamentos penitenciarios.

Las autoridades estimaron que este sistema de privilegios generaba ganancias ilícitas de hasta 3 millones de pesos a la semana. Aunque no se revelaron los nombres de los reclusos "influyentes" que se beneficiaban de estos lujos, la existencia de este esquema de corrupción es una evidencia de la falta de control y la impunidad que imperaba dentro del penal.

La demolición de "el Pueblito" fue un paso significativo en la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario de Puebla. El propio gobernador del estado de aquel entonces, Miguel Barbosa, reconoció que sus ex secretarios de Seguridad Pública habían desobedecido su orden de demoler estos espacios y que estaban implicados en la red de corrupción.

Este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema penitenciario a la corrupción y el riesgo de que las cárceles se conviertan en centros de operación criminal en lugar de centros de reinserción social.

Los expertos en seguridad han señalado que, para lograr un cambio verdadero, es necesaria una reforma integral que incluya mayor transparencia, fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para evitar que se sigan creando espacios de privilegio.

También la capacitación y control del personal para combatir la corrupción entre los custodios y directivos de los penales, quienes en muchos casos son los principales facilitadores de estos esquemas ilegales.

Invertir en la infraestructura de los centros penitenciarios para garantizar condiciones dignas para todos los reclusos y evitar el hacinamiento, que facilita la corrupción y el control de grupos criminales.

La existencia de este "mall" clandestino en el penal de San Miguel es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México y de la importancia de mantener una vigilancia constante para asegurar que las cárceles cumplan su función de manera justa y segura.

La información pública sobre los reos específicos que gozaban de lujos o que controlaban negocios dentro del Cereso de San Miguel es muy limitada y no se han revelado nombres de manera oficial.

Lo que sí se ha documentado es la existencia de una red de corrupción que permitía estos privilegios. Esta red no solo involucraba a reos, sino también a funcionarios y custodios del penal, quienes eran los que facilitaban la operación de estos negocios y la existencia de la "cárcel de lujo".

Aunque no hay una lista de nombres de presos "influyentes", la información disponible indica que estos privilegios eran accesibles para aquellos con la capacidad económica para pagar o, bien, para quienes tenían el control dentro de la población penitenciaria.

Se menciona a un sujeto conocido como "Orea", quien supuestamente controlaba la renta de celulares, las extorsiones y el "cobro de piso" dentro del penal.

En su momento, nombres como el de Javier López Zavala, ex secretario de gobernación y candidato del PRI a la gubernatura, se manejaron para hacer referencia a internos del Cereso con ciertos privilegios, situación que descartó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González; el otrora político está preso por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

Los lujos encontrados en el penal de San Miguel no son un caso aislado, sino que representan un síntoma de la corrupción que puede existir en el sistema penitenciario. Estos esquemas, donde se permite la construcción de espacios de privilegio, la venta de drogas y la extorsión a los reos, tienen consecuencias graves.

• Dificultan la reinserción social: La existencia de estos privilegios crea una brecha entre los reos, exacerbando la violencia y la desigualdad dentro de la prisión, lo que va en contra del objetivo de la reinserción social.
• Generan ganancias ilícitas: La corrupción permite que grupos criminales sigan operando desde la cárcel, financiando sus actividades y controlando el sistema penitenciario.
• Socavan la autoridad: La falta de control por parte de las autoridades penitenciarias permite que los presos "influyentes" tomen el control de ciertas áreas, imponiendo sus propias reglas.