Millones de personas usuarias de plataformas de salud digital aceptan términos sin conocer a fondo el uso que se da a su información. Un jurado en California resolvió que Meta recibió datos sobre menstruación desde la app Flo sin consentimiento claro, en violación a leyes de privacidad estatales.
El caso fue presentado en 2021 por un grupo de usuarias, quienes promovieron una demanda colectiva contra Flo, Meta, Google y firmas de análisis publicitario como AppFlyers y Flurry. Google resolvió su parte mediante acuerdo en julio, mientras Flo llegó a una conciliación a inicios de agosto. La acusación principal señalaba la compartición de datos como fechas del ciclo y metas relacionadas con fertilidad, todo sin autorización explícita.
Durante el juicio, Meta rechazó los señalamientos con una declaración directa: "Los reclamos de los demandantes contra Meta son simplemente falsos. La privacidad del usuario es importante para Meta, por eso no deseamos recibir información de salud ni otros datos sensibles, y nuestros términos prohíben a los desarrolladores enviar cualquiera de ellos".
Esta posición plantea una pregunta central: ¿cuánto comprende realmente una persona usuaria sobre aquello permitido al utilizar este tipo de aplicaciones? Los términos de servicio y las políticas de privacidad tienden a extenderse en decenas de párrafos, escritos en lenguaje técnico o jurídico. En muchos casos, ciertas opciones vienen activadas por defecto, lo cual facilita la transferencia de datos a terceros sin requerir una interacción consciente.
Documentos legales utilizados en el proceso no indicaron que existiera una autorización informada para compartir esta información. Aunque las plataformas ofrecen configuraciones para controlar la privacidad, la falta de claridad en su diseño y la complejidad de los avisos pueden limitar su efectividad real. Además, la instalación de la app o el simple inicio de sesión pueden bastar para activar procesos de recolección sin interacción adicional.
Flo recibió 200 millones de dólares en una ronda de inversión de Serie C durante 2024, lo cual elevó su valoración por encima de mil millones. Parte de ese crecimiento se ha basado en modelos de predicción y análisis de comportamiento, que requieren gran cantidad de datos personales. Esta situación pone en tensión la frontera entre utilidad tecnológica y protección de derechos digitales.
Finalmente, el jurado determinó que la forma en la cual fueron obtenidos y transmitidos los datos violó la Ley de Invasión de Privacidad de California. Aunque Meta anunció que evalúa sus opciones legales tras el veredicto, el caso deja abierto un debate sobre la responsabilidad de quienes desarrollan servicios digitales frente a los niveles de comprensión y consentimiento de sus usuarios. (NotiPress)
