El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó el viernes al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales "de proteger y respetar a los muertos" ante el hallazgo de 383 cuerpos acumulados en un crematorio que da servicio a varias funerarias en Ciudad Juárez (norte).
"Ante el hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez, nos solidarizamos con las familias. Llamamos a realizar una investigación eficaz y a respetar los derechos de las personas fallecidas, conforme a los estándares del informe de Relatoría ONU", dice la presentación del documento.
Los estándares están contenidos en las recomendaciones del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, que señala que, como parte de su deber de defender el derecho a la vida, "los Estados tienen que investigar todas las muertes potencialmente ilícitas".
Las investigaciones de muertes deben efectuarse con "prontitud y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente", indica el informe.
La instancia de la ONU señala que todas las pruebas deben ser recogidas y analizadas según unos protocolos y procedimientos aceptados internacionalmente, que incluyen una investigación forense completa de las escenas del delito pertinentes y una autopsia de los restos humanos.
Autoridades del estado de Chihuahua (norte) confirmaron el hallazgo de 383 cuerpos estaban acumulados en un crematorio que contaba con permisos y trabajaba con seis funerarias locales, y los registros hallados indican que los cuerpos debieron ser cremados desde hace tres o cuatro años.
Las recomendaciones del relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Morris Tidbal, fueron emitidas en abril de 2024 y presentadas ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
"La identificación de cadáveres no reclamados suele resultar complicada debido a la escasez de peritos forenses y de recursos científicos, a la financiación insuficiente de los sistemas forenses, a las infraestructuras inadecuadas y la falta de directrices claras", resalta el documento.
Sobre este tema, la ONU abunda que "cuando no hay identificación, un cadáver pasa a ser una persona desaparecida", que tiene implicaciones jurídicas y puede obstaculizar las investigaciones penales en casos de muerte posiblemente ilícita.
El relator especial recomienda a los Estados parte el trato digno de las personas fallecidas de manera potencialmente ilícita y armonizar la protección de los muertos con base en el derecho internacional.
El Estado debe "velar por que los restos humanos de una persona fallecida sean atendidos y gestionados adecuadamente, con el fin de preservar la dignidad de los fallecidos y garantizar que se respeten los derechos de sus familias en todo momento".
Familiares que contrataron los servicios de las seis funerarias exigen indignadas la verificación genética de las cenizas que fueron entregadas por el crematorio, ante la sospecha de que son falsas.
Las desapariciones aumentaron en un año en México un 28 por ciento en promedio a nivel nacional, de unas 100.000 a 128.000 personas reportadas en el registro federal, que en mayo se elevó a 129.000 desapariciones reportadas por las fiscalías.
