El gobierno británico, encabezado por Keir Starmer, planteó la posibilidad de implantar chips con inteligencia artificial en personas condenadas, esto con el fin de enfrentar la crisis del sistema penitenciario. La propuesta aún se está analizando, y tiene la intención de reducir la población carcelaria y fortalecer la vigilancia a quienes cumplen sentencias fuera de prisión, pero generó preocupación entre defensores de derechos humanos.
La ministra de justicia, Shabana Mahmood, se reunió con representantes de más de 20 grandes empresas, incluidas Google, Microsoft, Amazon, IBM y Palantir, así como operadores de prisiones privadas. Durante la junta, exploraron “soluciones futuristas”, como algoritmos predictivos, superordenadores que anticipen delitos y dispositivos subcutáneos para el rastreo constante de delincuentes.
Entre las iniciativas más polémicas se encuentra el uso de chips capaces de registrar en tiempo real los movimientos o incluso las señales neuronales de los condenados, con el supuesto objetivo de predecir comportamientos criminales. Esta idea fue criticada por organizaciones como Foxglove, que advierten que “no es fiable” usar inteligencia artificial para anticipar delitos y que existe el riesgo de ceder demasiado poder a las corporaciones tecnológicas.
Por su parte, la ministra defendió que, por ahora, se trata de un debate preliminar para modernizar el sistema judicial británico y explorar formas más eficientes de vigilancia. Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno sugiere expandir el uso de la IA en asuntos públicos, ya que en enero, el propio Starmer afirmó que estas tecnologías podrían transformar radicalmente los servicios estatales.
Organizaciones de activistas temen que el entusiasmo gubernamental por soluciones digitales termine comprometiendo garantías legales básicas. Asimismo, la vigilancia con reconocimiento facial y otros sistemas biométricos ya fueron objeto de debate en el Reino Unido por su impacto en la privacidad y el sesgo algorítmico.
