“Fabricación”: Ricardo Raphael en Puebla y el caso Wallace que sigue exigiendo justicia

“Fabricación”: Ricardo Raphael en Puebla y el caso Wallace que sigue exigiendo justicia

El pasado 30 de junio, en el Zócalo de Puebla, el periodista y autor Ricardo Raphael presentó su libro Fabricación como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Puebla 2025, en cuya presentación expuso las implicaciones jurídicas, políticas y humanas del caso Wallace, uno de los montajes judiciales más graves en la historia reciente del país.

 

Uno de los primeros puntos que abordó fue la liberación de Juana Hilda González Lomelí, como un ejemplo del inicio del desmontaje jurídico de este caso; sin embargo, advirtió que aún hay personas privadas de su libertad desde hace casi 20 años sin sentencia: Brenda Quevedo (actualmente en arresto domiciliario por recomendación de la ONU) y Jacobo Tagle (recluido en un penal de máxima seguridad). También siguen presos César Freyre y los hermanos Castillo.

 

Ricardo Raphael subrayó que Jacobo Tagle, junto con César Freyre y los hermanos Castillo, enfrenta tres acusaciones adicionales por secuestro, las cuales —según sus investigaciones— fueron fabricadas por Isabel Miranda de Wallace como parte de una estrategia para mantenerlos detenidos.

 

Uno de los momentos más fuertes fue cuando el periodista relató el testimonio de Jacobo Tagle sobre su detención, y, de acuerdo con este testimonio, Isabel Miranda de Wallace llamó al entonces presidente Felipe Calderón para informarle de la captura del “último implicado”. Calderón pidió hablar directamente con el custodio y ordenó que no permitiera su liberación “ni de la cárcel ni del juicio”; después de esa llamada, Tagle fue víctima de tortura, incluida la presión sobre sus globos oculares.

 

El autor de libro Fabricación también habló sobre la desigualdad entre lo que podrían recibir las víctimas como reparación del daño —una indemnización que difícilmente superaría los 300,000 pesos— y los 4 millones de pesos que Miranda de Wallace recibió del Estado por el supuesto secuestro y asesinato de su hijo.

 

 

Durante la charla, también señaló a funcionarios involucrados directamente en la fabricación del caso: Braulio Robles Zúñiga, quien fungió como Ministerio Público y hoy trabaja en la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero; y Rodrigo Archundia, quien estuvo presente en la confesión forzada de Juana Hilda y fue fiscal antisecuestros del Estado de México, además de fiscal general en la administración de Alfredo del Mazo.

 

Asimismo, mencionó que hay periodistas y funcionarios que prefieren guardar silencio ante el caso por temor a que una investigación formal sobre tortura y fabricación de culpables alcance a personajes cercanos a Miranda de Wallace. Entre ellos, destacó a Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaría de Gobernación, de quien dijo sostuvo en su momento una relación cercana con Miranda, sin afirmar responsabilidad directa en los hechos.

 

Raphael también compartió los mecanismos que ha implementado para proteger su vida frente a las amenazas recibidas por su labor periodística y que, en caso de que algo le suceda, entregaría la información completa de su investigación a cinco colegas, quienes a su vez podrían hacerla llegar a otros cinco. También ha hecho públicas esas amenazas en redes sociales y agradeció a TV Azteca por brindarle un espacio en vivo todas las mañanas, lo que considera parte de su estrategia de visibilidad y protección.

 

Antes de concluir, Ricardo Raphael hizo referencia al reciente intento de reposicionar públicamente la versión fabricada del caso: el 24 de junio, en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, Roberto Miranda —hermano de Isabel Miranda de Wallace— leyó al aire una carta supuestamente escrita por ella antes de morir. En esa carta, Miranda reafirmaba su versión del caso y defendía a quienes la apoyaron. Raphael interpretó este acto como parte de una estrategia mediática para blindar a quienes estuvieron implicados en la fabricación.

 

La intervención de Ricardo Raphael en Puebla concluyó con un mensaje que resonó entre los asistentes: la necesidad de mantener la presión social para exigir justicia a los nuevos juzgadores y revisar a fondo los casos de quienes, tras casi 20 años, no han tenido la oportunidad de vivir en libertad.

Notas Relacionadas