De acuerdo con organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Amnistía Internacional, la Ley de la Guardia Nacional representa un riesgo para la ciberseguridad en México. Entre los retrocesos señalados en materia de privacidad de información sensible, el nuevo paquete de leyes y modificaciones incluye ambigüedades respecto a las autorizaciones judiciales de acceso a datos para las autoridades de defensa.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados el 24 de junio, la Ley de la Guardia Nacional le otorga a este organismo las facultades de fuerza de seguridad pública de manera permanente. Ernestina Godoy, consejera jurídica en el Ejecutivo Federal, subrayó que el paquete de leyes otorga la capacidad de cooperación entre los agentes de defensa e instancias de seguridad pública para tener acceso a información bajo el motivo de persecución y prevención de delitos.
Según las organizaciones no gubernamentales consultadas por NotiPress, este acceso a la información es el principal riesgo en materia de ciberseguridad para el país, en particular a nivel de ciudadanía. R3D resaltó que según el artículo 9, fracción XXVI, la Guardia Nacional podrá solicitar la información personal de los mexicanos a las empresas de telecomunicaciones.
Entre el acceso que se le podrá autorizar a las fuerzas armadas se encuentra la ubicación en tiempo real de los equipos de telefonía móvil. Cabe señalar que el monitoreo de dispositivos móviles ocupa un lugar de peso en la historia de violaciones a los derechos humanos y la ciberseguridad en México, en particular por los casos de espionaje como Pegasus.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que la Guardia Nacional podría tener acceso a niveles de autorización de seguridad pública anteriormente restringidos, tales como el Ministerio Público. Bajo esta línea, la organización en defensa de los derechos humanos informó que el paquete de leyes facilita el acceso de los oficiales de defensa a cargos públicos bajo licencia.
Respecto al control de la información y los riesgos en ciberseguridad, las organizaciones denunciaron el artículo 29 del paquete de leyes, específicamente las secciones de XXI a XXIII. Los lineamientos publicados por la Cámara de Diputados establecieron que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) tiene la facultad de procesar información privada cuando existan motivos de seguridad nacional.
Con la reforma de defensa presentada por la Ley de la Guardia Nacional, el Gobierno de México facilitará el control y uso inadecuado de los datos sensibles de los ciudadanos, advirtió R3D. Para Amnistía Internacional, el acceso a la información sin mecanismos jurídicos representa un riesgo en diferentes niveles de gobierno, y puede facilitar la manipulación de pruebas en casos de ciberseguridad. (Notipress)
