La violencia política ha marcado un sombrío inicio de 2025 en México, con un preocupante recuento de asesinatos y una constante amenaza a funcionarios y políticos a lo largo del territorio nacional.
La noticia del asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, ha vuelto a encender las alarmas sobre la inseguridad que permea el ámbito político del país.
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El crimen contra García Soto, ocurrido este domingo 15 de junio en el interior del palacio municipal de San Mateo Piñas, fue perpetrado por un grupo armado que irrumpió en el recinto, según informaron las autoridades.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha iniciado una investigación, destacando que el ataque fue ejecutado con precisión en apenas seis minutos por cinco hombres armados en motocicletas.
Fiscalía de Oaxaca cuenta con cinco probables móviles por homicidio de presidenta de San Mateo Piñas: Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla
— Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 16, 2025
Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de junio de 2025.- “La FGEO cuenta con cinco probables móviles para definir las líneas de investigación en torno al… pic.twitter.com/gDZ5b8Po2a
En el lugar se encontraron 60 casquillos percutidos de armas de alto poder. Junto a la alcaldesa, también falleció otra persona que la acompañaba y gestionaba trámites relacionados con un camino comunitario. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó el hecho y prometió que no habrá impunidad.
Este lamentable suceso se suma a una lista creciente de incidentes de violencia política que han sacudido a México en lo que va del año. Reportes de organizaciones especializadas, como Integralia, revelan que durante el primer trimestre de 2025 se identificaron 104 incidentes de violencia política a nivel nacional, de los cuales 50 fueron homicidios.
Si bien se registra una disminución coyuntural en comparación con el mismo periodo de 2024, la cifra de asesinatos sigue siendo alarmante.
El balance de la violencia en el primer trimestre del año indica:
- 50 homicidios como la categoría de delito más frecuente
- 24 amenazas
- 15 atentados con arma de fuego
- 11 secuestros
- 2 desapariciones
Las entidades más afectadas por la violencia política, especialmente en términos de homicidios, han sido Guerrero y Morelos, con siete casos cada una en el primer trimestre. Oaxaca también figura entre los estados con mayor número de ataques.
Entre políticos y funcionarios asesinados en México durante 2025, este es el recuento parcial y según datos disponibles hasta la fecha:
De acuerdo con diversas fuentes y reportes periodísticos, se ha contabilizado un total de 50 políticos y funcionarios asesinados en lo que va del 2025 hasta mayo. Si bien no se dispone de una lista exhaustiva y oficial con nombres de cada una de las 50 víctimas reportadas, algunos de los casos que han trascendido y corresponden a funcionarios o figuras políticas incluyen:
- Lilia Gema García Soto: presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca (asesinada el 15 de junio de 2025).
- Ximena Guzmán: secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada (asesinada el 20 de mayo de 2025).
- José Muñoz: asesor de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada (asesinado el 20 de mayo de 2025).
- Constantino Soriano: regidor de hacienda de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca (asesinado en febrero de 2025).
- Hugo Américo Cavazos Martínez: subdelegado del IMSS, asesinado en Montemorelos, Nuevo León (registrado en el primer trimestre de 2025).
- Yesenia Lara Gutiérrez: candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, asesinada a balazos durante una caravana política (11 de mayo de 2025).
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Es importante señalar que la violencia política no se limita únicamente a los homicidios, sino que abarca también amenazas, atentados, secuestros y desapariciones, generando un clima de temor e incertidumbre, especialmente en el contexto de próximos procesos electorales locales.
La mayoría de los incidentes se han concentrado en el centro y sur del país, con partidos como Morena, PRI y Movimiento Ciudadano como los más afectados en términos de incidentes de violencia política contra sus militantes y figuras.
Las autoridades federales y estatales han reiterado su compromiso con la seguridad y la impartición de justicia, aunque la persistencia de estos hechos subraya la complejidad del desafío que enfrenta el Estado mexicano para garantizar la integridad de sus actores políticos.
La violencia contra políticos y funcionarios en México es un fenómeno multifactorial y complejo que se atribuye principalmente a las siguientes causas:
Los grupos del crimen organizado buscan expandir y consolidar su control territorial y sus actividades ilícitas (extorsión, narcotráfico, secuestro, etcétera). Para lograrlo, necesitan cooptar o eliminar a autoridades locales que puedan obstaculizar sus operaciones. Los ayuntamientos, en particular, son un objetivo clave por su capacidad de otorgar permisos, contratos, manejar presupuestos y operar policías municipales.
El crimen organizado busca influir en los resultados electorales para colocar a candidatos afines o amedrentar a quienes no lo son. Esto les permite asegurar la impunidad, el libre tránsito de sus actividades y el acceso a recursos públicos. La violencia es una herramienta para imponer su voluntad, ya sea amenazando, secuestrando y asesinando a aspirantes, candidatos o funcionarios electos.
La lógica de "o te alías con nosotros o te atienes a las consecuencias" es una táctica recurrente. Aquellos políticos que se niegan a colaborar o que intentan combatir al crimen organizado se convierten en blancos.
En ocasiones, la violencia puede surgir de conflictos entre facciones dentro de un mismo partido político o de disputas entre diferentes partidos por el control de cargos y recursos. Esto puede escalar a actos violentos para eliminar a rivales políticos o para desestabilizar la competencia.
Los cargos públicos, especialmente a nivel municipal, implican el manejo de recursos económicos significativos. La disputa por el acceso y control de estos presupuestos puede generar una violencia extrema entre grupos interesados.
Aunque menos frecuente en casos de asesinatos directos a políticos, las tensiones sociales y los conflictos comunitarios por tierras, recursos naturales o decisiones gubernamentales pueden escalar y derivar en agresiones contra autoridades.
La corrupción facilita la infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno y fomenta la impunidad. Cuando los crímenes contra políticos quedan impunes, se envía un mensaje de que no hay consecuencias, lo que perpetúa el ciclo de violencia.
En regiones donde la presencia del Estado es débil o sus instituciones están cooptadas, el crimen organizado puede operar con mayor libertad y ejercer un control de facto, lo que incrementa el riesgo para los políticos y funcionarios.
Muchos municipios, especialmente los pequeños, carecen de policías capacitadas, bien equipadas y suficientes para hacer frente a la amenaza del crimen organizado.
La falta de coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y entre las diversas instituciones de seguridad y justicia puede dificultar la prevención y persecución de estos delitos.
La efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos ha sido objeto de debate. En algunos casos, la militarización de la seguridad pública ha sido criticada por no resolver el problema de fondo y, en ocasiones, por generar más violencia.
Es importante destacar que, en muchos casos, la violencia política es una combinación de estas causas, donde el crimen organizado se aprovecha de las debilidades institucionales y las rivalidades políticas para consolidar su poder e influencia
