Un juicio antimonopolio en Estados Unidos ha reabierto el análisis sobre decisiones pasadas de la Comisión Federal de Comercio (FTC), al considerar que las adquisiciones de Instagram y WhatsApp por parte de Meta podrían haber constituido una estrategia para eliminar competidores directos en el mercado de redes sociales.
En 2012 y 2014, Facebook Inc., hoy Meta, obtuvo la autorización regulatoria para adquirir dos de las plataformas sociales más populares del mundo. A pesar del visto bueno otorgado en ese momento, el regulador ahora alega que estas operaciones contribuyeron a una posición dominante que restringe la competencia. Según la FTC, Meta habría concentrado el control del mercado en un segmento denominado "Servicios de redes sociales personales (PSNS)", enfocado en la interacción entre amigos y familiares.
Los argumentos de la FTC se centran en la estructura del mercado, la cual consideran limitada por la posición de Meta tras dichas adquisiciones. En esta visión, la competencia se habría visto severamente afectada, al eliminar opciones emergentes que pudieron representar una amenaza para el crecimiento de Facebook. Para corregir esta situación, el organismo regulador plantea que una desinversión —es decir, la separación obligada de estas plataformas— sería una solución efectiva.
Meta, por su parte, refuta esta caracterización del mercado y asegura que sus productos compiten en un entorno más amplio. En su defensa, la empresa dirigida por Mark Zuckerberg ha señalado la existencia de múltiples servicios que ofrecen funcionalidades similares, entre ellos TikTok, YouTube e iMessage. Bajo esta lógica, los servicios prestados por Meta no estarían limitados al espacio definido por la FTC.
Durante el proceso judicial, ambas partes presentaron evidencia y argumentos destinados a sustentar sus respectivas posiciones. Según información de medios especializados, la FTC incluso rechazó una oferta de conciliación por 1,000 millones de dólares, lo cual sugiere una postura firme respecto al resultado que considera adecuado. Esta decisión también indica que el caso seguirá adelante sin acuerdo extrajudicial.
Además, el juez James Boasberg, quien preside el caso, será el responsable de emitir un fallo definitivo tras recibir los argumentos finales por escrito. Se estableció un plazo de cuatro meses para presentar dichos documentos. Este periodo marcará una etapa crucial en la definición de una posible reestructuración de uno de los conglomerados tecnológicos más influyentes del panorama digital actual.
Resulta inusual que una operación empresarial aprobada por un regulador termine bajo el escrutinio judicial con posibilidad de reversión. Esta situación convierte al caso Meta en un referente clave para comprender los límites de la concentración tecnológica y el papel de los organismos reguladores frente al poder corporativo. (NotiPress)
