A seis meses de su aprobación, la reforma constitucional en contra de los vaporizadores complicó la lucha en contra del tabaquismo en México, ya que el “mercado negro” acapara la venta de los dispositivos, lo que dificultó al acceso a ese tipo de tecnologías a quienes las utilizan para abandonar el tabaco, alertaron organizaciones y activistas a favor del vapeo.
En conferencia de prensa celebrada a propósito del Día Mundial del Vapeo (mañana 30 de mayo), los especialistas advirtieron que las consecuencias de la reforma son múltiples y evidentes, pues facilitó al acceso a menores de edad a productos de consumo exclusivo para adultos; disparó la venta clandestina; abrió paso al crimen organizado; provocó cierre de negocios formales; disparó la evasión fiscal y obstaculizó el combate contra el tabaquismo.
Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, aseguró que la reforma constitucional concedió toda la venta de vaporizadores “al mercado negro”, pues recordó que antes de la disposición, buen parte de la oferta ocurría a través de negocios formales que operaban bajo el cobijo de amparos, pero a partir de enero a la fecha, ese tipo de establecimientos han ido despareciendo.
En la conferencia de prensa también participó Jorge Palma, presidente de la Asociación de Vapeadores de Perú (ASOVAPE), quien informó que, a diferencia de México, en el país sudamericano se logró en noviembre de 2024 la aprobación de un marco regulatorio para los vaporizadores, sumándose así a otras naciones de la región, como Chile, Colombia y Ecuador, en donde se han logrado pasos importantes para facilitar alternativas científicamente comprobadas para combatir el tabaquismo.
Por su parte, Rafael Lara, presidente de Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER), aseguró que las reformas constitucionales del 2024 llevadas a cabo por el actual gobierno son, en buena medida, contrarias a los Derechos Humanos.
En tanto, Tomás O´Gorman, cofundador de la organización ProVapeo, aseguró que la reforma constitucional, muy lejos de disminuir el consumo de vaporizadores, lo que provocó fue facilitar el acceso de ese tipo de productos a menores de edad, pues en “el mercado negro” no hay restricción alguna.
Por todo lo anterior, los activistas coincidieron en que el análisis de las leyes secundarias de la reforma constitucional debe representar el espacio para sacar adelante un marco regulatorio que permita revertir el creciente “mercado negro”; combatir el consumo de menores de edad y garantizar el acceso a este tipo de tecnologías de riesgo reducido para combatir el tabaquismo.
