Una propuesta de ley en el país plantea nuevas reglas que obligarían a empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales a entregar información de sus usuarios a las autoridades, por lo que empresas como Telcel, AT&T, Netflix, Uber o Amazon estarían incluidas en esta disposición, la cual tiene la intención de fortalecer las labores de investigación judicial.
De acuerdo con el sitio Infobae, de no acatar estas exigencias o de proporcionar datos erróneos, las compañías podrían enfrentar sanciones de hasta 4 % de sus ingresos, según lo establece el documento enviado por el Ejecutivo.
El proyecto detalla que los operadores de servicios móviles y proveedores de contenido en línea deberán colaborar directamente con las autoridades de seguridad. Además, la obligación de compartir datos se aplicará tanto a usuarios con planes pospago como a quienes utilizan servicios de prepago, lo que implicaría un nuevo requisito de registro personal.
Uno de los puntos destacados del proyecto es que las compañías deberán mantener registros específicos sobre las comunicaciones llevadas a cabo desde cualquier dispositivo, independientemente del tipo de conexión. Entre los datos exigidos se incluyen nombre, razón social y domicilio del usuario.
El tiempo máximo para entregar esta información sería de 24 horas tras la solicitud oficial, y si la empresa incumple, podría ser penalizada con multas basadas en sus ingresos anuales.
Sin embargo, el documento omite mencionar qué controles judiciales llevarán el acceso a los datos solicitados ni aclara si los usuarios serán informados sobre su uso en investigaciones. Estas omisiones provocaron inquietud, especialmente desde que el INAI, el principal organismo de protección de datos, no está en funcionamiento.
También se introduce la creación de una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, un registro alimentado por las empresas de telecomunicaciones y las plataformas de contenidos y servicios digitales.
La propuesta forma parte de una reforma de las leyes que regulan el sistema de seguridad pública y el sistema nacional de investigación. Sin embargo, el contenido aún deberá ser revisado por el Poder Legislativo, que podría modificar sus disposiciones antes de avanzar hacia su aprobación.
La posible entrada en vigor de este nuevo marco normativo plantea dudas sobre el balance entre seguridad y privacidad. Asimismo, la rapidez en los tiempos de respuesta y la falta de controles claros hacen temer un que los derechos digitales de millones de personas podrían quedar vulnerables.
