Los linchamientos son una expresión extrema de desconfianza social hacia las autoridades. Consisten en actos de violencia colectiva en los que un grupo de personas captura, golpea o incluso asesina a individuos que presuntamente han cometido un delito, sin que medie un proceso legal.
Aunque en México es un fenómeno que ocurre en varios estados, Puebla ha destacado durante años como una de las entidades con mayor número de casos.
Entre viernes y sábado, se registraron dos intentos de linchamiento en territorio poblano: el viernes en Acatzingo, donde la población arremetió contra la Presidencia Municipal y dos patrullas de la Policía, a las que prendieron fuego; y el sábado en Tianguismanalco, donde los pobladores retuvieron a dos hombres y una mujer a quienes pretendían privar de la vida, pero fueron rescatados.
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Días antes, en San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Ocoyucan, alrededor de 350 pobladores lincharon a Domingo, alias "el Mingo", a quien relacionaban con varios robos cometidos en la región. La gente se le fue encima a golpes y posteriormente intentaron quemar su cuerpo.
De acuerdo con datos del informe "Linchamientos en México", elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) y actualizado por organizaciones civiles como Causa en Común, Puebla se ha mantenido en el primer o segundo lugar nacional en intentos y consumaciones de linchamientos en los últimos años.
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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, se desglosó que en 2019 se registraron ocho linchamientos consumados; siete casos para 2020; dos en 2021 y 2022; cuatro en 2023, y el año pasado, cinco, con una cifra de 11 víctimas de linchamiento.
Atlixco, Tepeaca, Tecamachalco, Tlapanalá y Atzitzihuacán son los municipios donde se registraron los casos.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación del Estado indicó que fueron 88 veces las que se activó el protocolo de actuación para casos de linchamiento, que permitió intervenir en 29 casos y rescatar a 34 personas.
De 2019 a 2024, la Fiscalía documentó una persona asesinada en Puebla víctima de un linchamiento cada dos meses, contabilizando 42 decesos en esas circunstancias. Legalmente, las carpetas de investigación se inician por el delito de homicidio tumultuario. Se precisó que de las víctimas, 41 eran hombres y una mujer. Las modalidades que tiene documentadas la FGE van desde golpes, uso de armas de fuego y punzocortantes, y en algunos casos, son calcinados.
¿Por qué ocurre el fenómeno?
Especialistas en sociología y derecho explican que el linchamiento no solo es producto de la violencia, sino también de un hartazgo ante la percepción de impunidad. Muchos ciudadanos consideran que las autoridades no actúan de manera efectiva frente a delitos como el robo, el asalto o el secuestro exprés.
En comunidades rurales, además, la falta de presencia policial facilita que los pobladores decidan actuar por cuenta propia.
Desde el punto de vista legal, el linchamiento es un delito. En Puebla, quienes participen en estos actos pueden ser procesados por homicidio calificado, lesiones dolosas o asociación delictuosa, dependiendo del daño causado a la víctima.
El Código Penal del Estado de Puebla establece penas de hasta 50 años de prisión para quienes priven de la vida a otra persona de manera dolosa y con agravantes, como en el caso de un linchamiento. Si la víctima sobrevive, los participantes pueden enfrentar cargos por lesiones graves, que contemplan penas de hasta 12 años de prisión.
Sin embargo, debido a la naturaleza colectiva del linchamiento y a la dificultad para identificar a todos los agresores, pocos casos terminan en condenas firmes, lo que perpetúa el fenómeno.
Una tarea pendiente
El gobierno estatal ha implementado estrategias como el Protocolo de Actuación en Casos de Linchamiento (actualizado en 2023), que busca prevenir estos actos mediante la intervención temprana de fuerzas de seguridad y diálogo con los pobladores.
Aun así, la eficacia de estas medidas ha sido limitada, en parte por la rapidez con que se desencadenan los hechos y la resistencia de las comunidades a soltar a los presuntos delincuentes.
Combatir el fenómeno de los linchamientos en Puebla no depende solo de fortalecer las policías, sino también de restaurar la confianza social en las instituciones y garantizar un acceso efectivo a la justicia para todos.
