El Gobierno de Estados Unidos ha tenido una férrea campaña contra los migrantes irregulares, especialmente desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. De acuerdo con el diario 'The Washington Post', la meta es que las autoridades de esa nación deporten a un millón de personas en un año.
El medio, que cita a cuatro funcionarios federales, tanto en funciones como fuera del cargo en la actualidad, señala que, de cumplirse esa cifra, superaría las estadísticas de gobiernos como de Barack Obama (2009-2027), que deportó a 400.000 migrantes indocumentados al año.
"Sin embargo, los funcionarios no revelan cómo calculan las cifras, y los analistas afirman que las estadísticas disponibles hacen que esa meta parezca poco realista, si no imposible, considerando la financiación, la dotación de personal y el hecho de que la mayoría de [las personas] tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país", refiere el diario.
Previamente, las medidas contra este grupo se recrudecieron. Por ejemplo, el 8 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) canceló los permisos migratorios de cerca de un millón de personas que ingresaron al país norteamericano a través de la aplicación CPB One.
"Se han emitido avisos formales de terminación y se insta a los extranjeros afectados a autodeportarse voluntariamente mediante la aplicación CBP Home", declaró un portavoz de la dependencia a los medios de comunicación.
De igual manera, el general de la Fuerza Aérea Gregory Guillot, mando del Comando Norte del Ejército estadounidense, señaló que la presencia de elementos del Ejército en la frontera que comparten con México, principal entrada de migrantes irregulares a la nación norteamericana, estará vigente, por lo menos, dos años más.
Para garantizar que la frontera sea segura, "tenemos que asegurarnos de que la presencia militar sea duradera", añadió el mando en una comparecencia ante la comisión de servicios armados de la Cámara de Representantes.
Según un recuento del Instituto Naval, unos 6.500 elementos fueron desplegados en la frontera luego de la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU. Si se toman en cuenta los elementos de barcos y aviones, el número de fuerzas en servicio activo sube a 10.000.
El costo estimado para el Departamento de Defensa durante los dos primeros meses de despliegue ha sido de 376 millones de dólares, según declaró ante el comité Rafael Leonardo, que desempeña las funciones de subsecretario de Defensa.
