En los últimos años, los bloqueos de carreteras y vialidades se han vuelto una manifestación “normal” y recurrente de descontento social en diferentes partes de México, incluido Puebla.
Distintos grupos, ya sean de trabajadores, comunidades indígenas, organizaciones campesinas o incluso movimientos urbanos recurren a esta medida como una forma de presionar a las autoridades para que se cumplan sus demandas, que van desde condiciones laborales dignas hasta el cumplimiento de proyectos sociales y de infraestructura.
Pero ahí no paran los temas. En fechas recientes, en Puebla capital han ocurrido bloqueos por grupos que exigen derecho a trabajar de manera ilegal, como la 28 de Octubre con los taxis pirata; vecinos que exigen la colocación de semáforos o reductores de velocidad; estudiantes que están inconformes con el manejo de sus escuelas o con los profesores o con la Dirección.
Y están los casos de pobladores que, al enterarse de la desaparición de menores de edad, han recurrido a esa medida como sucedió recientemente en Santa Rita Tlahuapan, Santa Isabel Cholula y Coronango, aunque en los tres municipios los menores fueron localizados afortunadamente a salvo, porque decidieron ausentarse voluntariamente durante algunas horas.
Pero ¿qué sucede cuando el derecho a la manifestación, protegido por la Constitución Mexicana, entra en conflicto con el derecho a la libre circulación de los ciudadanos y el mantenimiento del orden público? ¿Hay restricciones o sanciones por el bloqueo de las vialidades?
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o establece el derecho de todos los ciudadanos a manifestar libremente sus ideas, sin ser objeto de inquisición judicial ni de ningún tipo de represalia.
Este derecho a la libre manifestación es fundamental en una democracia, ya que permite a los ciudadanos expresar sus inconformidades y pedir rendición de cuentas a las autoridades.
Pero no es absoluto. El artículo 9o de la misma Constitución puntualiza que la manifestación debe hacerse de manera pacífica, respetando los derechos de los demás y sin poner en peligro el orden público.
Este matiz es crucial, ya que en muchas ocasiones los bloqueos de carreteras y calles se hacen sin que las autoridades o la sociedad en general estén de acuerdo con la forma en que se ejecutan.
¿Son los bloqueos una acción legítima o ilegal?
El uso de bloqueos como método de protesta ha aumentado en las últimas décadas. Sin embargo, pocos conocen las implicaciones legales que esto conlleva. Los bloqueos, que en principio se justifican por la necesidad de visibilizar demandas, son una infracción al derecho de libre tránsito, estipulado en el artículo 11 de la Constitución.
De hecho, el Código Penal Federal establece que aquellos que impidan la libre circulación de personas, vehículos o mercancías pueden enfrentarse a sanciones.
El artículo 367 del Código Penal Federal establece que las personas que obstruyan la vía pública, ya sea con vehículos, objetos o cualquier otro tipo de obstáculo, pueden ser sancionadas con penas de prisión de uno a tres años.
Si los bloqueos implican el uso de violencia o ponen en riesgo la integridad de las personas, las penas pueden aumentar considerablemente. Sin embargo, ¿cuántos detenidos hay por el bloqueo de más de 80 horas en la autopista Arco Norte a finales del año pasado? Hubo personas afectadas porque no llegaron a tiempo para tomar un vuelo, se quedaron varados durante horas sin baño, sin alimento y algunos fueron asaltados.
Además de las sanciones penales, los bloqueos también conllevan costos económicos. Las autoridades federales y estatales tienen la obligación de garantizar el libre tránsito, lo que puede llevar a un despliegue de fuerzas públicas para desbloquear carreteras, generando gastos adicionales para el Estado.
La interrupción del tráfico afecta el comercio, la distribución de productos y servicios, y la movilidad de personas y mercancías esenciales para la economía local y regional.
La paradoja de los bloqueos radica en que, a pesar de las sanciones y los problemas generados por esta forma de protesta, los resultados que se obtienen a través de estas acciones no siempre son los esperados.
Si bien en ocasiones las autoridades se ven obligadas a cumplir a las demandas de los manifestantes para evitar un conflicto mayor, también han existido situaciones en las que, tras varios días de bloqueo, no se resuelve el conflicto o simplemente se otorgan promesas que no se cumplen a largo plazo y se convierte entonces en un círculo vicioso, porque el bloqueo se repite.
¿Por qué los gobiernos no utilizan la fuerza pública para retirar estos bloqueos?
El uso de la fuerza pública para dispersar bloqueos podría desencadenar una escalada de violencia, no solo entre los manifestantes y las autoridades, sino también entre los mismos grupos de protestantes.
En muchos casos, los bloqueos son por grupos que ya están en un estado de alta tensión debido a la falta de respuestas a sus demandas. Enfrentarlos con fuerza podría hacer que la protesta se intensifique y se convierta en un conflicto más violento, lo cual podría tener consecuencias graves, como enfrentamientos que terminan afectando a la población en general.
También tiene implicaciones políticas y sociales. En el contexto de México, donde las manifestaciones suelen estar relacionadas con demandas legítimas de sectores marginados, la utilización de la fuerza para dispersar bloqueos puede ser vista como una forma de criminalizar la protesta social.
La imagen de un gobierno que reprime a los manifestantes puede generar desconfianza en los ciudadanos, lo que a su vez puede desencadenar una mayor movilización de grupos opositores o de sectores inconformes.
Además, en muchos casos, la actuación de las autoridades está guiada por la legislación sobre derechos humanos, que establece un marco específico para el uso de la fuerza.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otras organizaciones exigen que la policía y otras fuerzas de seguridad actúen con moderación y respeten las garantías fundamentales de los ciudadanos, incluso durante las protestas.
La violación de estos principios podría generar investigaciones legales y daño a las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Por su parte, diversos especialistas en derecho y seguridad pública coinciden en que el problema radica en la falta de un canal efectivo para que las personas puedan manifestarse sin interrumpir el flujo normal de la ciudad.
Algunos activistas y organizaciones sociales sugieren que el gobierno debería contar con mecanismos para que los ciudadanos expresen sus demandas de forma pacífica y sin interrumpir el orden público, como el uso de plataformas digitales o espacios públicos sin afectar las vialidades.
Pero la pregunta sigue abierta: ¿cómo se puede garantizar el derecho de los ciudadanos a expresar sus demandas sin recurrir a medidas extremas que alteren el orden y la paz pública afectando a terceros?
