El delito de despojo es uno de los crímenes más graves que afectan tanto a la propiedad privada como a la seguridad jurídica de las personas. A nivel legal, se refiere a la acción ilícita de apoderarse de manera violenta o fraudulenta de bienes inmuebles, bienes muebles o cualquier otra propiedad de una persona sin su consentimiento, y con la intención de apropiarse de ella para su propio beneficio.
En México, este delito es tratado de manera seria, pues atenta contra los derechos fundamentales de los individuos, como el derecho a la propiedad.
El despojo no se limita únicamente a un acto físico de quitarle a una persona algo que le pertenece. Este delito puede presentarse en diferentes modalidades y su definición exacta depende de los actos cometidos para apoderarse de la propiedad.
El despojo violento. Se considera cuando el agresor utiliza la violencia física para despojar a la víctima de sus bienes. Esto puede incluir amenazas con armas, agresiones físicas o intimidaciones directas para forzar la entrega de la propiedad. Este tipo de despojo es el más común y genera un alto nivel de peligro para las víctimas.
El despojo fraudulento. En esta modalidad, el delito se comete mediante engaños o fraudes. El delincuente no recurre a la violencia física, sino que se vale de manipulación psicológica, engaños o falsificación de documentos para obtener la propiedad de la víctima. Los casos más comunes incluyen el uso de documentos apócrifos, fraudes inmobiliarios o contratos simulados que pretenden legalizar la apropiación de bienes ajenos.
Despojo de terrenos. En algunas situaciones, el despojo tiene que ver con la ocupación ilegal de terrenos, una problemática frecuente en áreas urbanas y rurales. Este tipo de despojo implica que personas invadan o usurpen propiedades, tanto privadas como públicas, y luego intenten regularizar la ocupación mediante trámites fraudulentos.
Despojo a la autoridad. En ciertos casos, las personas que ostentan autoridad o poder utilizan su posición para hacer despojos a ciudadanos de manera ilegal. Esto se da cuando el gobierno o algún servidor público abusa de su poder para hacerse de bienes o tierras de particulares sin la debida justificación legal.
Despojo por explotación de recursos naturales. Este tipo de despojo se refiere a la toma de posesión de tierras o recursos naturales, como agua, minerales o tierras agrícolas, de manera ilegal para su explotación. Los casos de despojo en comunidades indígenas, donde se despoja a las personas de sus tierras para proyectos empresariales o mineros, son un ejemplo claro.
¿Cuáles son las sanciones para este delito?
El Código Penal mexicano establece sanciones específicas para quienes cometen el delito de despojo. Las penas varían dependiendo de las circunstancias y modalidades bajo las cuales se haya cometido el delito. En términos generales, el despojo es sancionado con:
- Prisión de 2 a 9 años. Es la pena principal que se establece en el Código Penal Federal para quienes sean responsables de cometer este delito de manera violenta.
- Multas económicas. Dependiendo de la gravedad del acto y los bienes involucrados, los tribunales pueden imponer multas económicas adicionales al encarcelamiento.
- Pérdida de bienes ilícitamente adquiridos. En muchos casos, se ordena la restitución de los bienes despojados, además de sanciones accesorias como la pérdida de los bienes obtenidos de manera fraudulenta.
Cabe señalar que en casos de despojo cometido de manera fraudulenta o con engaños, las penas pueden variar en función del valor de la propiedad despojada, así como la afectación a la víctima.
¿Qué pasa con el despojo en las comunidades?
En algunas regiones del país, el delito de despojo ha cobrado particular relevancia en comunidades rurales y en áreas indígenas, donde la falta de acceso a justicia y la débil seguridad jurídica han permitido que grupos o empresas poderosas se apoderen de tierras de personas vulnerables.
Los casos de despojo de tierras en comunidades indígenas, como las que ocurren en Chiapas, Guerrero o Oaxaca, no solo son una violación al derecho de propiedad, sino también una violación a los derechos humanos de quienes habitan en esas áreas.
A menudo, las personas afectadas no denuncian estos crímenes debido a la falta de confianza en las autoridades, el miedo a represalias o el desconocimiento de los procedimientos legales. Esto hace que el despojo sea un delito difícil de erradicar, sobre todo en zonas rurales donde las autoridades pueden ser insuficientes o no ejercer su deber.
Cifras en Puebla
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado inició 1,265 carpetas de investigación por el delito de despojo durante 2024, es decir, un promedio de poco más de 100 casos mensuales en todo el territorio poblano.
Y la tendencia para 2025 no es diferente, pues en el primer bimestre del año se tiene registro de 216 casos de despojo: 106 en enero y 110 en febrero.
¿Y las autoridades?
Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar que los derechos de propiedad sean respetados y que los responsables de despojos sean castigados conforme a la ley. Sin embargo, debido a la complejidad y diversidad de casos, las víctimas de despojo deben contar con un sistema judicial eficiente que no solo castigue a los culpables, sino que también actúe de forma preventiva para evitar que este delito se siga cometiendo.
En muchos casos, las víctimas de despojo recurren a la denuncia ante el Ministerio Público que investiga y sigue los casos de manera exhaustiva. Sin embargo, en muchas ocasiones, el despojo tiene un componente de violencia social o estructural que dificulta la intervención de las autoridades.
Por ello es fundamental que los afectados cuenten con un sistema judicial accesible, eficiente y transparente que les permita recuperar lo que les ha sido arrebatado de manera ilícita.
