En los últimos meses, Perú ha sido escenario de un debate intenso en torno a una propuesta legislativa que busca reducir la edad de imputabilidad para delitos graves. Según el proyecto, los menores de 14 años podrían ser procesados por la comisión de crímenes como homicidio, secuestro y violación.
Este movimiento ha generado controversia, tanto en el ámbito nacional como internacional, y ha encendido la discusión sobre si una medida similar podría aplicarse en México, donde la edad mínima de responsabilidad penal es de 18 años.
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El proyecto de ley peruano se origina en un contexto de creciente violencia juvenil en el país, donde algunos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por la impunidad con la que actúan los menores de edad al cometer delitos graves.
En Perú, la actual ley establece que los menores de 18 años no pueden ser sometidos a un proceso penal en los mismos términos que los adultos, a menos que tengan 16 o 17 años y cometan ciertos crímenes como homicidio. El nuevo proyecto sugiere que incluso los niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que cometan delitos graves deberían enfrentar el proceso penal como adultos, con penas de prisión.
La idea detrás de esta iniciativa es enviar un mensaje de "tolerancia cero" ante la delincuencia juvenil y garantizar que los menores infractores reciban un castigo proporcional a la gravedad de sus crímenes.
Los defensores del proyecto argumentan que la medida sería una forma de frenar la ola de violencia y darles a las víctimas y sus familias la sensación de justicia, al tiempo que se establece una diferencia entre delitos menores y crímenes graves cometidos por adolescentes.
Sin embargo, los detractores de la propuesta advierten sobre los riesgos de criminalizar a menores que, en muchos casos, podrían estar involucrados en delitos debido a factores sociales complejos, como la pobreza, la violencia doméstica, la falta de educación o la manipulación por parte de adultos.
La medida podría también resultar en un tratamiento punitivo para menores de edad sin un enfoque restaurativo o rehabilitador, lo que podría perpetuar un ciclo de violencia en lugar de ofrecerles oportunidades de reinserción social.
Recientemente, en México se han presentado dos casos que se prestan al debate: el de la influencer Marianne, actualmente detenida por agredir a la pareja de su exnovio, Valentina Gilabert. La víctima recibió 15 puñaladas que la mandaron al hospital y a la probable responsable se le procesa por el delito de lesiones dolosas, y no solo eso, sino que al momento de cometer el ataque, era menor de edad, situación que cambia toda la situación legal para ella.
Y luego, el de Fátima Zavala, una adolescente de 13 años que era víctima de bullying por su gusto por el K-Pop, y a quien sus compañeros de escuela -menores de edad-, la aventaron por las escaleras, provocando una fractura de cadera que la mantiene inmovilizada en el hospital. Los responsables también serían procesados de manera diferente por ser menores de edad.
¿Es viable en México la propuesta de reducir la edad de imputabilidad?
La discusión sobre la edad de imputabilidad es igualmente polémica. Actualmente, la ley establece que los menores de 18 años que cometen un delito son considerados inimputables, es decir, no pueden ser procesados como adultos.
Si un menor tiene entre 12 y 18 años y comete un delito grave, puede ser sujeto a un proceso penal bajo el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Este sistema se enfoca en la reintegración y rehabilitación, y no en el castigo, lo que implica un tratamiento diferenciado con respecto al de los adultos.
La idea de reducir la edad de imputabilidad en México ha sido mencionada en diferentes momentos como una posible solución a la creciente preocupación por el crimen organizado juvenil y la violencia en ciertas áreas del país.
Sin embargo, a diferencia de Perú, donde la propuesta parece ser un cambio más directo hacia un sistema punitivo, el modelo mexicano ha apostado por un enfoque que prioriza la rehabilitación y la reinserción social, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual México es signatario.
La pregunta, entonces, es si sería factible aplicar una medida similar a la de Perú en el contexto mexicano.
Abogados penalistas mencionaron los principales factores a considerar:
En México, el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes fue creado para garantizar que los menores de 18 años sean procesados de acuerdo con principios restaurativos, es decir, enfocados en la reintegración y no en el castigo. Las leyes mexicanas han sido diseñadas para proteger los derechos humanos de los menores, por lo que un cambio radical hacia un sistema punitivo podría generar conflictos con compromisos internacionales.
Luego, México enfrenta un contexto de violencia estructural, donde los jóvenes, en muchos casos, se ven involucrados en actividades delictivas como consecuencia de la pobreza, la falta de oportunidades y la manipulación por parte de grupos del crimen organizado. Bajar la edad de imputabilidad podría no solo estigmatizar a estos jóvenes, sino también incrementar la sobrepoblación en centros de reclusión juvenil sin abordar las causas subyacentes de su involucramiento en la delincuencia.
Además, en nuestro país los procesos judiciales para adolescentes están enfocados en su rehabilitación, pero el sistema enfrenta múltiples desafíos, como la falta de recursos y una infraestructura insuficiente para ofrecer programas adecuados de reinserción social. En lugar de apostar por un endurecimiento de las penas, sería más efectivo mejorar los programas de reintegración para jóvenes infractores, brindándoles herramientas para su desarrollo personal y social.
México tiene un compromiso con los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que modificar la legislación para procesar a menores de edad como adultos podría implicar una violación a estos derechos. Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han subrayado que las leyes que buscan criminalizar a los menores deben ser consideradas con mucho cuidado, ya que pueden afectar la dignidad humana de los adolescentes y socavar los esfuerzos por ofrecerles una segunda oportunidad.
En lugar de endurecer las penas, México debería centrarse en mejorar la prevención, la educación y los programas de rehabilitación para jóvenes, ofreciendo una solución más integral y respetuosa con los derechos de los menores, consideran los especialistas.
