Empresas que prestaban servicios a la planta de Cemento Cruz Azul que fue tomada ilegalmente en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, emitieron cartas dirigidas al gobernador Julio Menchaca solicitando que se ponga fin al secuestro de la unidad industrial antes mencionada, para recuperar sus centros de trabajo, tal como ha ocurrido en Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y otros estados donde la cooperativa desarrolla sus actividades productivas.
Entre estas empresas se encuentran cooperativas, asociaciones civiles y sociedades anónimas del sector hospitalario, educativo, comercial, mantenimiento industrial, construcción, explotación de materias primas, entre muchas otras que dependían de la unidad secuestrada desde hace 3 años.
En días recientes, la Cooperativa La Cruz Azul emitió un comunicado para dar a conocer que se suspenderá el pago de salarios a los trabajadores de estas empresas, el cual se mantuvo de manera ininterrumpida a pesar de la improductividad de dicha planta cementera, generando así un grave riesgo financiero para la sociedad.
De acuerdo con estimaciones, cuando la cooperativa suspenda el pago de salarios a partir del 1 de febrero, dejarán de circular alrededor de 100 millones de pesos mensuales en el municipio de Tula de Allende. Esto perjudicaría directamente a más de 2,800 trabajadores hidalguenses que no han podido laborar porque sus instalaciones fueron tomadas de manera ilegal por un pequeño grupo de empleados afines al exdirectivo Guillermo Héctor “N”, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República el pasado 16 de enero para iniciar su proceso penal en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
