La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha llevado a cabo diversas campañas de desarme en todo el país, con el objetivo de reducir la violencia y la delincuencia. Y aunque se puede decir que este tipo de campañas ha sido un éxito, lo ha sido en el acopio de armas de fuego, no así en reducir la violencia y la comisión de delitos con este tipo de objetos.
En estas campañas, los ciudadanos pueden entregar de manera voluntaria armas de fuego y municiones, sin temor a represalias y, por sobre esto último, nos referimos a alguna acusación o procedimiento penal en su contra.
Según datos de la Sedena, en las últimas campañas de desarme (2023-2024) se han entregado más de 10,000 armas de fuego, entre ellas 3,500 pistolas, 2,500 rifles, 1,500 escopetas, 1,000 revólveres y alrededor de 500 armas de fuego artesanales.
Además, se han entregado más de 100,000 municiones de diferentes calibres y entre las armas entregadas se han encontrado algunas de origen militar, como rifles de asalto y pistolas calibre .9 milímetros, pero también armas fabricadas en talleres clandestinos.
Los motivos por los que los ciudadanos entregan armas de fuego varían. Algunos lo hacen por temor a la violencia y la delincuencia en sus comunidades. Otros lo hacen porque han heredado armas de familiares o amigos y no saben qué hacer con ellas; hay que decirlo, nunca han llegado delincuentes o grupos criminales a hacer entrega de su armamento.
La entrega de armas de fuego tiene varios beneficios. En primer lugar, reduce la cantidad de armas en circulación, lo que puede ayudar a disminuir la violencia y la delincuencia. Y, en segundo lugar, permite a los ciudadanos deshacerse de armas que pueden ser peligrosas si no se manejan adecuadamente.
En más de una ocasión, se han documentado casos de accidentes en los que menores de edad han perdido la vida o resultado lesionados por la manipulación de armas de fuego que son propiedad del padre o el abuelo.
En México, las campañas de desarme son programas gubernamentales diseñados para reducir la cantidad de armas de fuego en circulación y promover la seguridad pública. En estas campañas, las personas pueden entregar armas de fuego de manera voluntaria y anónima, sin temor a represalias o sanciones penales.
El artículo 17 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que "las personas que entreguen armas de fuego en las campañas de desarme no serán objeto de persecución penal, siempre y cuando no hayan utilizado las armas para cometer delitos".
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) han emitido instrucciones para garantizar que las personas que entregan armas de fuego en las campañas de desarme no sean objeto de persecución penal.
Desde 2021, en este tipo de campañas ordenadas por el Gobierno Federal y ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional también se han canjeado más de 1,678 armas de fuego por dinero en efectivo; la campaña ha llegado a 63 municipios de 21 estados, lo que demuestra su alcance y compromiso con la seguridad pública.
Desde el año antes mencionado a la fecha, mediante el canje, se han asegurado casi mil armas de fuego cortas, 573 largas, más de 230 granadas de todo tipo y 2,939 cargadores de diferentes calibres.
¿Qué se hace con esas armas?
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue un protocolo específico para el manejo y disposición de las armas que se reciben en las campañas de desarme.
Primero, las armas se reciben y se registran en un sistema de control, donde se anota la marca, modelo, calibre y número de serie; luego se inspeccionan y verifican para determinar su estado y si están en funcionamiento.
Como paso número tres, las armas se desmantelan para evitar que sean utilizadas nuevamente, y se destruyen mediante un proceso de fundición o compactación, lo que las hace inutilizables.
En este último paso, se debe emitir un certificado de destrucción para cada arma, que se archiva en los registros de la Sedena, instancia que además colabora con la Fiscalía General de la República y otras instituciones para garantizar que las armas sean destruidas de manera segura y eficiente.
