Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el temor a deportaciones masivas ha vuelto a encender las alarmas entre la comunidad migrante mexicana. Ante este escenario, el canciller Juan Ramón de la Fuente anunció que los 53 consulados de México en territorio estadounidense cuentan con una estrategia y un equipo de defensa jurídica para proteger a los connacionales, sin importar su estatus migratorio. Sin embargo, las limitaciones de recursos y los altos costos legales en Estados Unidos ponen en evidencia que la tarea del canciller es casi imposible.
La promesa consular: una red de apoyo jurídico
En una reciente reunión con representantes consulares, De la Fuente afirmó que el gobierno mexicano cuenta con una red consular unida y sólida. "Trabajaremos de manera coordinada para atender las necesidades de la comunidad mexicana", declaró. Los consulados ofrecerán orientación legal, talleres informativos y asistencia jurídica básica.
El plan incluye la integración de 300 abogados que brindarán consultas iniciales a los migrantes. Pero tomando en cuenta que en Estados Unidos residen aproximadamente 11 millones de migrantes indocumentados, parece casi imposible atender gratuitamente a todos los migrantes en riesgo de deportación, dada la magnitud de las posibles acciones de Trump.
Por lo anterior, surge la interrogante: ¿Cuántos migrantes podrán realmente tener una defensa adecuada debido a los altos costos?
El costo de la defensa legal en EU
Contratar un abogado en Estados Unidos puede ser un proceso costoso y complejo. Las tarifas legales varían significativamente según la región:
En ciudades como Nueva York y Washington D.C., los abogados cobran entre 300 y 600 dólares por hora, debido al alto costo de vida y a la demanda de servicios legales.
En California, las tarifas oscilan entre 350 y 700 dólares por hora, especialmente en áreas como Los Ángeles y San Francisco. Mientras que las tarifas son relativamente más bajas, entre $200 y $400 por hora, en Ohio y Michigan.
Además, procesos como una solicitud de asilo pueden costar entre 5,000 y 10,000 dólares, mientras que el trámite para obtener una residencia permanente puede alcanzar los 4,000 a 10,000 dólares, según datos de la firma Novo Legal.
Pero aparte de los honorarios, los migrantes deben considerar otros gastos asociados, como tarifas judiciales, costos de investigación y pagos a otros expertos.
Aunque los consulados mexicanos cuentan con abogados y recursos legales, su capacidad es limitada frente a una población migrante estimada en millones. Según expertos, sería imposible que estos consulados cubran las necesidades legales de todos los afectados, especialmente considerando la complejidad de algunos casos de deportación.
El papel de los consulados y las alternativas disponibles
Aunque los consulados mexicanos desempeñan un papel clave en la orientación y asesoría legal, no cuentan con la capacidad de representar directamente a todos los connacionales en procesos judiciales. Por ello, el gobierno mexicano también ha promovido programas como el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas (PALE), que brinda apoyo legal en situaciones vulnerables.
Adicionalmente, existen organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos que ofrecen asistencia legal gratuita o de bajo costo a migrantes indocumentados. Por ejemplo, plataformas como USA.gov facilitan información sobre cómo acceder a servicios legales accesibles.
Pero aun así, parece una tarea imposible atender a millones de migrantes indocumentados cuando el presidente Trump cumpla su promesa de deportar, como él los llama, a los “delincuentes de otros países”.
