El Gobierno de México descartó este miércoles el eventual cultivo de maíz transgénico de cualquier tipo, y reivindicó el valor cultural de dicho grano para la identidad nacional.
"En este país no se debe y no se va a cultivar maíz transgénico para ningún uso, ni para consumo humano, ni forraje, ni nada", dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, quien afirmó que habrá suministro suficiente del grano para la población mexicana.
Berdegué hizo su pronunciamiento a propósito del reciente fallo de un panel de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), que rechazó un decreto que prohíbe el maíz genéticamente modificado en este país latinoamericano.
El funcionario resaltó el profundo significado cultural del maíz para los mexicanos, de ahí que las variedades nativas gocen de la protección gubernamental.
"Lo que la presidenta (Claudia Sheinbaum) va a hacer es garantizar lo que verdaderamente nos interesa, y es que en este país no se cultive maíz transgénico ni blanco, ni amarillo, ni azul, ni rojo, ni negro", enfatizó Berdegué.
El secretario federal explicó que el cambio climático obliga a renovar las variedades de maíz tanto en México como en todo el mundo, y en su país existen prácticas ancestrales para aprovechar las mejores mazorcas y diversificar así las especies criollas.
Agregó que, pese a la sequía, existen suficientes reservas de maíz blanco no transgénico para abastecer a la población con el grano, uno de los puntales de la tradición gastronómica de México.
El pasado 21 de diciembre, el panel de expertos del T-MEC descartó las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado establecidas en un decreto presidencial mexicano de 2023, por estimar que carecían de fundamentos científicos o legales relevantes.
Según el panel, algunas medias de un decreto presidencial sobre el glifosato y maíz genéticamente modificado, publicado el 13 de febrero de 2023, "no pueden aplicarse al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes".
Las autoridades mexicanas consideran que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en su legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es parte.
