¿Qué sucede con los cadáveres sin identidad, los que nadie reclama o identifica?

En México, cada año se encuentran cientos de cadáveres de personas que no pueden ser identificadas. Estos son conocidos como "no identificados" o "desconocidos número N", y presentan un desafío para las autoridades, que deben encontrar la manera de tratarlos con dignidad y respeto.

El tratamiento de los cuerpos no identificados varía dependiendo de la entidad federativa y del municipio. Sin embargo, en general, se sigue un protocolo establecido por la Ley General de Salud y la Ley de Derechos de las Víctimas.

Según este protocolo, cuando se encuentra un cadáver no identificado, las autoridades deben llevar a cabo una serie de procedimientos para intentar identificarlo. Estos procedimientos incluyen la toma de huellas dactilares y muestras de ADN, la autopsia para determinar la causa de la muerte, y la búsqueda de objetos personales que puedan ayudar a identificar al cadáver.

¿Pero qué sucede si después de todo ese protocolo la víctima sigue sin ser identificada?

Si después de llevar a cabo estos procedimientos no se puede identificar el cadáver, las autoridades deben tomar medidas para garantizar que se trate con dignidad y respeto. En muchos casos, los cadáveres no identificados son enterrados en cementerios públicos, donde se les asigna un número de identificación y se registran en un libro de actas.

Sin embargo, en algunos casos, los cadáveres no identificados pueden ser donados a la ciencia para ser utilizados en la enseñanza y la investigación. Pero seguramente has escuchado o leído sobre el término “fosa común”.

Una fosa común es un lugar de entierro donde se depositan los restos de personas que no han sido identificadas o que no tienen familiares que puedan reclamar sus cuerpos. Estos lugares de descanso son utilizados por las autoridades para enterrar a las personas que mueren en circunstancias desconocidas o que no tienen medios para ser enterradas de manera individual.

Se crean cuando las autoridades locales o estatales deciden destinar un terreno para el entierro de personas no identificadas o sin familiares. Estos terrenos pueden ser cementerios públicos, terrenos baldíos o incluso áreas de tierra donadas por particulares.

Una vez que se ha designado el terreno, se procede a cavar una fosa grande que puede albergar a varias personas. Los restos de las personas se depositan en la fosa, generalmente en un ataúd o en una bolsa de plástico, y se cubren con tierra.

Las personas enterradas en este tipo de fosas pueden ser de cualquier edad, género o condición social. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se trata de personas que han muerto en circunstancias desconocidas o que no tienen familiares que puedan reclamar sus cuerpos.

A las fosas comunes, por lo regular, se llevan los cuerpos de personas sin hogar o indigentes; inmigrantes que han muerto en su camino hacia Estados Unidos; víctimas de homicidios o accidentes que no fueron identificadas; y personas que fallecen en clínicas u hospitales.

Estas fosas pueden tener un impacto negativo en la sociedad, especialmente en las comunidades donde se encuentran, como la falta de respeto y dignidad para las personas enterradas; la dificultad para que las familias y amigos encuentren los restos y puedan rendirles homenaje; y la posibilidad de que las fosas comunes se conviertan en lugares de olvido y abandono.

El tiempo que esperan las autoridades para que un cadáver sea identificado antes de mandarlo a la fosa común puede variar dependiendo de la jurisdicción y las circunstancias específicas del caso. Sin embargo, en general las autoridades suelen seguir un protocolo establecido para el manejo de cadáveres no identificados.

La Ley General de Salud establece que los cadáveres no identificados deben ser conservados en un lugar adecuado durante un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se recibió el cadáver. Durante este plazo, las autoridades deben llevar a cabo esfuerzos para identificar al cadáver, incluyendo la toma de huellas dactilares, autopsias y la búsqueda de antecedentes en bases de datos.

Si después de 30 días no se ha podido identificar al cadáver, las autoridades pueden proceder a enterrarlo en una fosa común. Sin embargo, antes de hacerlo, deben hacer una serie de trámites y notificaciones, incluyendo la publicación de un aviso en un periódico de circulación local y la notificación a las autoridades correspondientes.

La identificación de los cadáveres es fundamental para garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. Cuando un cadáver no es identificado, se puede generar una situación de incertidumbre y sufrimiento para los familiares y amigos de la persona fallecida.

Pero, además de la identificación, es importante garantizar que se puedan llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar la causa de la muerte y, en caso de que sea necesario, llevar a los responsables ante la justicia.