Cerca del 70% de las 136.894 armas cuyo origen ha sido rastreado luego de ser contrabandeadas y confiscadas a bandas del crimen organizado en México entre 2018 y 2023 fueron fabricadas, importadas o vendidas legalmente en Estados Unidos, antes de cruzar la frontera sur, según datos oficiales publicados por el diario local 'La Jornada'.
De acuerdo con el reporte, que recopila datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, hasta octubre de 2024 se habían procesado 136.894 armas confiscadas al crimen en México entre 2018 y 2023.
De ellas, 91.896 —lo que representa 67,13% del total— fueron identificadas como de origen estadunidense, lo que indica que se fabricaron en ese país o que se trata de importaciones legales a Estados Unidos antes de entrar a México.
En tanto, en el mismo periodo, los rastreos arrojaron que 44.998 piezas; es decir, 32,87% fueron fabricadas en un país distinto a Estados Unidos o provinieron de un sitio que no fue posible identificar, por lo que su origen no está claro para las autoridades, reportó La Jornada.
De estas, 22.126 —es decir, 16,17% del total analizado de 2018 a 2023— fueron clasificadas por la ATF como de fabricante no estadunidense, lo que indica que se sabe que se manufacturaron fuera de Estados Unidos, pero que se desconoce si se les importó a la vecina nación y por quién, pues podría tratarse de armas fabricadas en el extranjero que nunca entraron legalmente en el comercio estadunidense y, por tanto, no llevarían el sello de identificación de un importador de armas de fuego de ese país, de acuerdo con la ATF.
La ATF administra el sistema eTrace, con el cual Washington rastrea el origen de las armas confiscadas en su país o en el extranjero; eTrace es la única herramienta con que cuentan las autoridades estadounidenses para intentar dar con el origen y los responsables de la compra de las armas introducidas irregularmente desde Estados Unidos a territorio mexicano y empleadas para cometer algún crimen.
El Gobierno de México ha presentado dos demandas ante cortes de Estados Unidos en contra de fabricantes y vendedores de armas, a los que señala de participar en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México.
Estas demandas forman parte de una estrategia multifacética del Gobierno de México para detener la avalancha de armas, particularmente de asalto, procedentes de Estados Unidos que empoderan a grupos delictivos, provocan el derramamiento de sangre en México y contribuyen el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Se trata de las primeras demandas presentadas por un Gobierno nacional contra la industria de las armas en Estados Unidos.
