Marilyn “N”, acusada de ejercer como siquiatra en Puebla sin contar con la formación requerida, permanece en prisión preventiva tras ser vinculada a proceso por el delito de usurpación de profesión. Y aunque la Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones complementarias, nuevos detalles sobre su caso y estado emocional han salido a la luz.
Recientemente, José Luis Mendieta, quien asegura ser sobrino de Marilyn, declaró en una entrevista para El Chisme TV que la acusada intentó suicidarse en varias ocasiones debido a la presión derivada de su proceso judicial y las condiciones en prisión. Según Mendieta, su tía se está profundamente arrepentida, pero enfrenta constantes burlas y maltratos por parte de los custodios.
La detenida fue capturada el 21 de noviembre en Tlaxcala, luego de que autoridades clausuraran su consultorio Neuropsychology Clinic: Marilyn Cote en Puebla por graves irregularidades. Las denuncias y pruebas aportadas señalaron que Marilyn carecía de las credenciales necesarias para brindar servicios siquiátricos, lo que generó un fuerte debate en redes sociales y el sector de la salud.
MARILYN COTE, LA FALSA PSIQUIATRA ¡INTENTO SUICIDARSE EN LA CÁRCEL! ???? SU FAMILIA CULPA DE TODO A SU EX PAREJA EL DR. RODRIGO ORCAJO Y DICE QUE ELLA ES UNA VÍCTIMA MÁS DE ESTE CHARLATÁN QUE TIENE VARIAS DENUNCIAS EN LA FISCALIA PIR TIMAR A HOMOSEXUALES. AQUI TODOS LOS DETALLES. pic.twitter.com/gaPHgE3dcu
— EL CHISME TV (@ElChismeTVMX) December 19, 2024
En sus declaraciones, Mendieta reveló que, aunque Marilyn contaba con estudios en leyes y sicología, no tenía formación en siquiatría. Además, aseguró que su tía fue manipulada emocionalmente por el siquiatra Rodrigo Orcajo, quien presuntamente le hizo creer que podía ejercer como profesional en la materia.
“Él la convenció de que era capaz de ser siquiatra. Incluso le proporcionó un recetario para que pudiera prescribir medicamentos, aprovechándose de su vulnerabilidad”, comentó Mendieta.
El caso de Marilyn generó indignación y preocupación, no solo por la presunta usurpación de profesión, sino también por el riesgo que habrían enfrentado sus pacientes al ser tratados por alguien sin la formación necesaria.
Mientras tanto, la Fiscalía y las autoridades sanitarias continúan con el proceso legal y la revisión de las posibles repercusiones de sus acciones, dejando en el aire cuestiones sobre la responsabilidad de quienes facilitaron o encubrieron su actividad ilegal.
