Antes de presentar su licencia para separarse del cargo de diputado y ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación en la próxima administración estatal, Samuel Aguilar Pala presentó la iniciativa para otorgar el fuero constitucional al gobernador, diputados, magistrados y al encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado.
Esta iniciativa, según el exlegislador, tiene el propósito de garantizar la autonomía de los poderes y, de esta forma, evitar la persecución política, aunque aclaró que no busca fomentar la impunidad, ya que existe la figura del desafuero.
¿Esto qué significa?
De acuerdo con la jurisprudencia mexicana, el fuero constitucional se define como una inmunidad del servidor público, oponible al Poder Judicial, por la consignación del Ministerio Público, de algún delito común.
Es decir, esta inmunidad se convierte en una prerrogativa de una persona, en este caso del gobernador, los diputados, magistrados, entre otros, para evitar la aprehensión y la sustanciación de un proceso penal incoado en su contra.
De acuerdo con el Sistema de Información Parlamentaria del gobierno de México, la inmunidad parlamentaria es una figura jurídica que imposibilita a la autoridad competente detener o someter a un legislador, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia.
El objetivo del fuero constitucional es dotar de independencia y libertad a los legisladores en el ejercicio de su labor por sus opiniones y votos. De esta forma, se garantiza la independencia, que podría verse afectada por persecuciones judiciales, arrestos o detenciones en razón de los discursos, exposiciones, mociones, informes y votos emitidos.
Sin embargo, en casos de responsabilidad civil, los legisladores pueden ser demandados y juzgados por los actos en contra de la ley. Por tanto, se lleva a cabo el proceso de desafuero para cumplir con las obligaciones señaladas en el Código Civil.
¿Por qué se eliminó el fuero?
Fue durante la administración del fallecido exgobernador Miguel Barbosa que se presentó dicha iniciativa ante el Congreso del Estado como una medida para acabar con la impunidad. Fue así que, en 2020, la reforma constitucional fue aprobada para eliminar el fuero del gobernador, legisladores y magistrados del TSJ, además de los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Auditoría Superior del Estado.
En su momento, Barbosa Huerta aseguró que, con la eliminación de esta figura jurídica, los servidores públicos podrían ser sujetos a procesos penales por la comisión de algún delito durante su periodo legislativo.
