La Asamblea Nacional (Parlamento) de Corea del Sur aprobó una resolución que pide arrestar al presidente del país, Yoon Suk Yeol, y a otras personas implicadas en la declaración de ley marcial, informó la agencia 'Yonhap'.
"La Asamblea Nacional aprobó en una sesión plenaria el 10 de diciembre una resolución que exige un pronto arresto de las ocho principales personas involucradas en el incidente relacionado con la introducción de la ley marcial, incluido el presidente Yoon Suk Yeol", publicó el medio.
La resolución salió adelante con 191 votos a favor, 94 en contra y tres abstenciones, estando presentes en la sesión un total de 288 diputados.
El primer líder adjunto de la facción del Partido Democrático Unido, Park Sung Joon, señaló al presentar la resolución que el objetivo del presidente fue "un cambio violento del orden constitucional" con el fin de derrocar al Parlamento o paralizar sus actividades.
En este sentido, tanto Yoon Suk Yeol como otros coacusados de este "crimen de toma violenta del poder", deben ser arrestados lo antes posible, aseguró el diputado.
El 3 de diciembre, el mandatario decretó la ley marcial en el país para evitar ser destituido y acusó a la oposición de simpatizar supuestamente con Corea del Norte, una afirmación que las fuerzas opositoras tacharon de "ridícula". Yoon cerró el Parlamento, prohibió las actividades de los partidos políticos y puso los medios de comunicación bajo control de los militares.
Posteriormente, la mayoría de los diputados lograron entrar en el edificio del Parlamento y votaron a favor del levantamiento de la ley marcial, que finalmente Yoon tuvo que aceptar.
Actualmente, el mandatario es investigado tanto por la Policía como por la Fiscalía por traición, rebelión y abuso de poder. También están bajo investigación el ahora exministro de Defensa Kim Yong Hyun y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Según la mencionada agencia, la oficina que investiga la corrupción de funcionarios de alto rango pidió a la Policía y a la Fiscalía la transferencia del caso, ante dudas sobre la imparcialidad de ambas instituciones por su relación con los investigados.
