Tras la victoria en las elecciones de 2024 en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump inició los preparativos para impulsar una política migratoria con mayor agresividad en materia de deportaciones. No obstante, oficiales públicos y organizaciones no gubernamentales (ONG) advirtieron que los costos sociales y económicos representan un riesgo, tanto para las familias de migrantes como para la economía del país.
Durante una entrevista en cadena nacional el 8 de diciembre, Trump informó que su política migratoria dará prioridad a las deportaciones de familias indocumentadas. Al ser cuestionado sobre los niños nacidos en suelo estadounidense, el presidente por segundo mandato señaló que también serán deportados con sus familias si los padres no cuentan con los papeles de residencia adecuados.
A través del perfil oficial de Truth Social, Trump compartió un acta legislativa enviada por la senadora republicana en Tennessee, Marsha Blackburn. Según la información consultada por NotiPress, la iniciativa denominada Cumplimiento de la Ley de Limpieza para la Remoción de Extranjeros Criminales (CLEAR, por sus siglas en inglés) apelará a la construcción de centros de detención y logística fronteriza para aprehender y deportar a las personas migrantes.
Si bien la designación de Tom Homan como el Zar de la frontera en el gabinete de Trump fue el punto mediático clave de la política migratoria, la comparación con el gobierno de Biden cobró protagonismo en los últimos días. Según el documento CLEAR, la actual administración implementó 94 acciones ejecutivas que apoyan a las personas en situación migratoria, especialmente mexicanos.
La gestión del mandatario Joe Biden no presentó cambios significativos en la política migratoria según expertos. No obstante, la administración Trump-Vince busca eliminar filtros diseñados para prevenir abusos a los derechos humanos, tales como derogar el asilo político solicitado y emitir deportaciones sin la necesidad de pasar por la corte.
Frente a las deportaciones masivas prometidas por Trump, la American Civil Liberties Union (ACLU) señaló que esta política será una regresión de casi 150 años en iniciativas de la Suprema Corte. Según la ONG, los republicanos manejan una política migratoria bajo un discurso de odio, basado en criminalizar a los migrantes de Latinoamérica y el Caribe.
Aunado a la separación de familias y violaciones de derechos humanos en el contexto de asilo político, las deportaciones de Trump dejarán un embate sobre la economía estadounidense. Al respecto, un estudio American Immigration Council publicado en octubre señaló que las deportaciones masivas tendrán un costo de 315 mil millones de dólares (mmdd) por cada operativo de escala nacional.
Bajo esta línea, Centros de Estudios para la Migración (CMS) subrayó que existen al menos 3 millones de hogares donde las cabezas de familia son personas indocumentadas. Entre los migrantes en estas condiciones, un tercio tienen emprendimientos propios, y 13 por ciento cuentan con títulos universitarios.
Finalmente, la organización del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) señaló que esta demografía estadounidense aportó 1.6 trillones de dólares en 2022. Según estimaciones de 2024, las personas migrantes aportan alrededor de 579 mmdd en impuestos clave para el funcionamiento del Estado en EEUU. Por ello, las deportaciones masivas suponen un gasto mayor comparado al dinamismo económico de aquellos trabajadores en suelo estadounidense. (Notipress)
